Los despachos de abogados que primero presentaron querella contra Banco Popular en la Audiencia Nacional, querellas que han sido admitidas a trámite, aseguran que sólo un puñado de clientes ha abandonado el proceso para aceptar la oferta de Santander.
Los bufetes consultados precisan que no pueden saber cuántos de sus representados cumplirían los requisitos impuestos por Santander para aceptar su oferta de los bonos de fidelización, pero que el número de abandonos ha sido tan limitado que consideran que, en este momento, la oferta del primer banco español no les ha seducido.
La entidad presidida por Ana Botín se ha propuesto captar hasta el próximo día 7 de diciembre 980 millones de 115.000 inversores. Santander comenzó el 13 de septiembre a ofrecer a los minoristas que fueron a la ampliación de Popular de 2.500 millones de euros realizada en junio de 2016 los denominados bonos de fidelización. En general, los afectados que cumplan los requisitos impuestos por Santander pueden recuperar el 70% de lo invertido a partir del próximo mes de diciembre; para ello deben comprometerse a no iniciar acciones legales.
Los que acepten la oferta de Santander deben valorar el tratamiento fiscal que tendrá la venta de los bonos, advierte Bernardo M. Cremades
Fonfrías Abogados, de la esposa de Joaquín Yvancos, el que fuera abogado de José María Ruiz-Mateos durante 20 años, fue el primero en presentar querella en la Audiencia Nacional, el 8 de junio, tan sólo un día después de que se anunciara la intervención y venta por un euro de Banco Popular a Santander. El despacho, que dice representar a unos 300 afectados, asegura que desde que Santander presentó su oferta, "no se ha ido ninguno".
Durán & Durán, el despacho creado por el exdirector general de la Once, Miguel Durán, y su sobrino Miguel Ángel Durán Muñoz, presentó querella el 9 de junio. "De 500 clientes se han dado de baja cuatro, y tres de ellos son empresas que tenían abiertas líneas de crédito y no podían sumarse a la querella", asegura Fabio Wizner, que forma parte del equipo del bufete que trabaja en el caso de la intervención del Popular. "Lo que hemos notado desde que Santander presentó la oferta es un aumento de las llamadas para solicitar información, para valorar cuál es la mejor opción", indica.
Cremades & Calvo-Sotelo, que dice representar a unos 6.700 afectados por Popular en diferentes recursos, asegura que sólo han cancelado el acuerdo con el despacho "diez clientes" que, suponen, han decidido aceptar la oferta del bono de fidelización de Santander. "La gente que acude a un despacho para litigar viene ya con una idea muy interiorizada de lo que quiere hacer, son poco propicios a echarse atrás", comenta Ignacio Aragón, de Cremades & Calvo-Sotelo.
El despacho B. Cremades & Asociados -no confundir con el anterior- que representa a grandes inversores en Popular, y también a pequeños accionistas, no ha notado, "en general, que haya habido abandonos". "Algún cliente que estaba esperando a conocer con detalle la oferta de Santander lo que ha hecho ha sido decidir emprender la vía judicial", señala Bernardo M. Cremades.
El abogado destaca que sobre la oferta de Santander no está todavía claro el tratamiento fiscal que tendrá la venta de los bonos por parte de los accionistas afectados. "Si la Agencia Tributaria entiende que es una donación, el tratamiento fiscal que se le aplicaría tendría que ser tenido en cuenta; Santander habla de un 'bono de fidelización' como si fuera un regalo, así que Hacienda podría entender que se trata de una donación y aplicarle una mayor fiscalidad", advierte.
El papel de la OCU
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), también ha presentado querella en la Audiencia Nacional. Al ser una asociación, no habla de clientes afectados o representados en su querella. "La OCU ha presentado querella como organización, si en un momento procesal dado tenemos que presentar afectados, lo haremos, pero no por ahora".
Más de 21.000 afectados por Popular se han puesto en contacto con la OCU, entre ellos socios y no socios de la organización. Su querella ante la Audiencia Nacional está dirigida contra el antiguo consejo de administración del banco presidido por Ángel Ron, por la presunta falsificación documental de la ampliación de capital efectuada por la entidad en 2016.
Por esta razón, la organización no tiene contabilizados un número de afectados dispuestos a seguir la vía judicial. "No somos un despacho de abogados", explica el portavoz de la OCU, Enrique García, "y hemos trasladado a nuestros socios nuestra valoración sobre la oferta de Santander".
García comenta que la vía judicial iniciada puede "tardar años" en resolverse, un factor, destaca, que los afectados deben tener en cuenta a la hora de valorar la oferta de Santander.
En su web, la organización considera que la propuesta del banco presidido por Ana Botín, "disfrazada de acción comercial o de fidelización", encubre "un acuerdo extrajudicial: la entrega está condicionada, es solo para quienes selecciona la entidad". La OCU indica que los que reúnan los requisitos para acogerse no recuperarán todo su dinero, pero sí una parte, y recuerdan que la "permanencia" de 7 años -para amortizar los bonos- puede ser demasiado larga, y que pierden la posibilidad de luchar en tribunales contra Santander (pero no contra otros responsables).
