El presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada, prefiere la prevención al multazo. Acostumbra a decir que la imposición de multas por vulnerar la libre competencia es "un cierto fracaso de todos, del modelo, del mercado y del sistema", y es partidario de otras estrategias para luchar contra los cárteles. Y el organismo que preside está siendo consecuente con esa postura. En sus primeros meses de funcionamiento, la actividad sancionadora del flamante ‘superregulador’ ha caído en picado con respecto a la de su antecesora, la extinta Comisión Nacional de la Competencia (CNC). Un perro guardián (por utilizar la expresión anglosajona para este tipo de organismos) que muerde poco.
En concreto, y según un informe elaborado por el doctor en Derecho Mercantil Fernando Díez Estella y recién publicado por la Fundación Ciudadanía y Valores (Funciva), en ocho meses de andadura el organismo “sólo ha impuesto multas en cuatro expedientes”, por un importe total de 14,5 millones de euros. “Si se compara esta cifra con la media equivalente de su predecesora, el descenso se puede cifrar en un 90%", dice.
Cuando se cumple un año desde que la extinta CNC dejó paso a la CNMC, aunque su puesta en marcha efectiva no llegó hasta octubre pasado, y “aunque es todavía pronto para evaluar con hondura y perspectiva la actuación” del nuevo organismo, Díez Estella deja clara su preferencia por el anterior modelo. Entre otras cosas, considera que la concepción del organismo “invita” a lo que se denomina “captura del regulador”, tanto por parte de los políticos “como por las grandes empresas del sector –los campeones nacionales, tan frecuentes en estos mercados- o los poderosos lobbies sectoriales y patronales”.
Y, “en un momento en el que España necesita generar confianza en los mercados internacionales, y atraer inversión extranjera sobre la base de asegurar no sólo rendimiento económico sino un marco regulatorio y unas instituciones robustas e independientes, el modelo elegido para la CNMC no parece ayudar a este propósito”, sostiene.
El informe glosa la “ejemplar” puesta en marcha del andamiaje normativo que permitió cimentar en 2007 la extinta CNC, que “se convirtió en unos años en una autoridad de competencia referente en todo el ámbito comunitario, por su independencia, la elevada cualificación de sus consejeros y el rigor técnico de sus informes” y resoluciones. Y la antepone a la “total opacidad y oscurantismo”, la “falta de transparencia” y la “precipitación” que rodeó a la elaboración de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la CNMC.
A su juicio, esa norma ha reducido “la autonomía financiera y organizativa y organizativa del nuevo regulador, ya que dos elementos clave para garantizar la independencia” de este tipo de organismos “son el presupuesto y la organización interna”, que han quedado en manos del Ministerio de Economía.
A ello se suma “que los puestos directivos de la nueva agencia reguladora sean ocupados por funcionarios del Estado. Sin restar ningún mérito a la cualificación técnica y capacitación profesional de un gran número de funcionarios”, esta exigencia legal “socava” las posibilidades directivas del organismo, “al impedirle contar –para determinados puestos- con un management fuerte y especializado” y convertir la institución “en coto privado de algunos cuerpos del Estado, sin duda cualificados y competentes, pero no necesariamente los más adecuados para cubrir todos los puestos que el regulador precisa”.
Por fin, y en contra del argumento del ahorro de costes esgrimido por el Ejecutivo para crear un súperregulador, dice que su impacto económico ha sido “prácticamente imperceptible”, y critica “la carencia de personal suficiente, presupuesto y medios técnicos de la nueva autoridad”, que “está provocando serias dificultades en su tarea”
