El comunicado del Tribunal Supremo sobre el ERE de Coca-Cola conocido este miércoles certifica la anterior sentencia de la Audiencia Nacional que obliga a la empresa a "reincorporar a los trabajadores en el mismo puesto de trabajo y con las mismas condiciones" que tenían antes de su despido. La Sala de lo social del Alto Tribunal entiende, por tanto que "durante la huelga convocada por el cierre del centro de Fuenlabrada, la empresa sustituyó la producción dejada de realizar por la de otras embotelladoras del grupo, perjudicando el adecuado desarrollo del periodo de consultas". Es, por tanto, una victoria a todas luces de los sindicatos que llevaron el ERE a los tribunales.
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— CocaCola en lucha (@cocacolaenlucha) April 15, 2015
Sin embargo, existe una diferencia entre lo que exigían los representantes de los trabajadores (unos 230 son los afectados) que era la reapertura de la fábrica de Fuenlabrada, cerrada por la compañía Coca-Cola Iberian Partners desde abril de 2014, y lo que por el momento dice el Tribunal, que después de haber dictaminado este miércoles inicia el proceso de redacción de la sentencia, que no será conocida conocida en su integridad hasta "mes o mes y medio", según fuentes del Alto Tribunal. Hasta entonces, en la empresa prefieren no pronunciarse sobre lo que ha querido decir la justicia, aunque los sindicatos lo tienen más claro. Representantes de Comisiones Obreras se han mostrado mucho más contundentes: "Para nosotros lo deja claro, la AN pedía reintegrarnos en las mismas condiciones y el mismo puesto de trabajo y eso tiene que significar reabrir la planta del polígono Las Mercedes. Nosotros éramos trabajadores de Casbega con unas determinadas condiciones", han afirmado tajantes a este periódico.
La estrategia de Coca-Cola consiste en surtir a la zona centro de la Península desde las factorías periféricas, para ser más eficiente
Lo cierto es que este extremo, una posible apertura de un centro que lleva un año sin operar (y a cuyas afueras los trabajadores más combativos instalaron su campamento de lucha) no es menor, aunque fuentes jurídicas ven poco probable que la justicia exija a una empresa privada abrir un determinado centro de producción. Toda la estrategia de Coca-Cola Iberian Partners (el operador único surgido en 2013 de la fusión de las 7 embotelladoras ibéricas) se basa en una distribución de fuera hacia adentro, donde la zona centro, la más poblada del país, fuera asistida desde las distintas fábricas periféricas, en un modelo que para la compañía presidida por Sol Daurella es mucho más eficiente que otro desde dentro hasta afuera.
Sin embargo, los sindicatos ven incongruente que la considerada mayor y más tecnológicamente avanzada embotelladora de la Península, "donde ha habido inversiones cuantiosas en los últimos años", deba cerrar definitivamente.
Iberian Partners "cumplirá la sentencia"
Por otra parte, Iberian Partners ha emitido un comunicado al poco de conocerse la decisión del Supremo en el que asegura que "estudiará en detalle la forma de ejecutarla sin alterar el proyecto de futuro de la compañía que es ya una realidad". Esto es una advertencia velada de la compañía: reabrir Fuenlabrada es inviable, no se hará salvo petición expresa de la justicia, algo que no sería muy habitual. CCIP ha continuado recordando que "todos los empleados afectados que solicitaron la readmisión han seguido dados de alta en la Seguridad Social y están recibiendo sus salarios. Por último, la compañía quiere reiterar que, a pesar de las dificultades a las que se ha enfrentado, el proyecto empresarial de Iberian Partners es un proyecto de futuro que da empleo directo a más de 4.300 personas en lo que es ya la primera empresa de alimentación y bebidas del país".