El pasado sábado, el Gobierno de la República Dominicana ponía fin, ejército mediante, a casi diez años de tormentosa gestión de una pequeña autovía en el país caribeño por parte de la Concesionaria Dominicana de Autopistas y Carreteras (Codacsa); la empresa, de capital mayoritariamente español (más del 60%), acaba de vivir un episodio que, salvando las distancias, recuerda a otras recientes expropiaciones a empresas españolas en Latinoamérica, las de YPF a Repsol en Argentina y la boliviana TDE a REE.
Sin embargo, según Roberto García, consejero delegado de Codacsa desde 2008, este caso es “peor”, porque la expropiación llega cuando ya existe un laudo de la Corte Arbitral de la Cámara de Comercio Internacional en Washington, que determinó el pasado 25 de mayo que Codacsa debía entregar la concesión al Estado y, a cambio, éste debía compensar a la empresa en un plazo de dos meses con unos 45 millones de dólares (36 millones de euros).
Ese plazo se ha cumplido y el Gobierno dominicano ha cometido “la barbaridad de incautar un bien sin compensación alguna”, resume García, que critica que los servicios diplomáticos de España en el país caribeño “no se han empleado a fondo” en el caso e insta al Gobierno español a “moverse más y más arriba”. De momento, asegura, sus gestiones se han limitado a una carta de la secretaría de Estado de Comercio a las autoridades dominicanas.
Fuentes de la Oficina Comercial de España en la República Dominicana señalan que el caso “se está analizando” y adelantan que la postura española se resume en la existencia de “una sentencia que implicaba la entrega de la concesión a cambio del dinero” y en que “sólo se ha cumplido una parte” de ese acuerdo.
Codacsa demandó anteayer al Estado dominicano en un tribunal estadounidense
Un informe redactado por dicha oficina en 2010 calificaba de "muy importante" el contencioso con Codacsa (aunque sin citar el nombre de la empresa) y lanzaba un consejo a posibles inversores en el país, al que la ONG Transparencia Internacional sitúa en un nivel de corrupción similar al de Armenia, Honduras, Filipinas, Siria o Camerún en su último ránking, correspondiente a 2011. "Asegurarse un bufete de abogados fiable para verificaciones y futuros litigios es el primer paso recomendado", decía el informe.
Codacsa, que estos días se afana en despedir a sus cerca de 200 trabajadores porque, según García, el Gobierno dominicano “ha dicho que no quería a los antiguos empleados”, presentó anteayer una demanda ante un juzgado estadounidense para tratar de forzar al Estado dominicano a cumplir el laudo, si es preciso, mediante el embargo de sus bienes en el exterior.
Sus gestiones coinciden con la inminente visita (llega hoy mismo) del príncipe de Asturias a la República Dominicana para asistir mañana (aniversario del inicio de la guerra de Independencia del país, en 1863) a la investidura del nuevo presidente, Danilo Medina, del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que sustituye a Leonel Fernández, presidente en las tres últimas legislaturas.
El Gobierno dominicano acusa a la empresa de "estafa" y esta dice que nunca se actualizaron los peajes, como establecía el contrato, y que se intentó forzar la venta de la concesión.
Fuentes conocedoras del proceso atribuyen un papel fundamental en el caso a un miembro del gabinete de Fernández, el ministro de Obras Públicas desde 2007, Víctor José Díaz Rúa, tesorero del PLD y propietario de una constructora, según recoge la web de su ministerio. Díaz Rúa, que muy probablemente no repetirá en el nuevo Gobierno, ha acusado a la concesionaria de “estafa” y de incumplimiento de contrato y el asalto a sus instalaciones ha sido el “broche” a su gestión, resume una fuente próxima a Codacsa.
El caso se remonta años atrás, a noviembre de 2001, cuando Codacsa se adjudicó el contrato (el primero de este tipo en ese país), durante 30 años y en régimen de peaje, para la ampliación de la carretera que une las provincias vecinas de San Pedro de Macorís y La Romana. Codacsa, que inicialmente estaba participada por Sacyr (la constructora abandonó su capital hace años) y que está controlada por inversores españoles (más de un 60%), dominicanos (25%) y estadounidenses, comenzó a operar la concesión en febrero de 2003 y los problemas comenzaron ya en ese momento, cuando el Estado dominicano se negó a otorgar un aval de 10 millones de dólares mediante la modalidad de revolving (esa cantidad debía reponerse si la garantía se agotaba), recogido en el contrato, para proteger a la infraestructura del riesgo de tipo cambiario.
La compañía sólo construyó 18 km. de autopistas, un tercio del tramo previsto, ante la insuficiencia de ingresos
El Gobierno también se negó a actualizar los peajes en función del IPC (como estipulaba en el contrato) y rechazó la alternativa, abonar una compensación anual a la empresa mediante la fórmula de peaje en sombra. Y, ante la ausencia de los ingresos previstos y la falta de financiación (el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otras entidades, exigían el citado aval del Gobierno dominicano, según Codacsa), buena parte de la obra se quedó sin hacer: apenas se construyeron 18 kilómetros, un tercio de lo previsto.
En 2008, y siempre según Codacsa, Díaz Rúa dio a la concesionaria un ultimátum: o vendía (según la empresa, el candidato del ministro era la brasileña Obredecht, que ofrecía poco más de 7 millones de dólares) o habría expropiación. Codacsa descartó la venta y decidió iniciar el arbitraje para reclamar al Estado dominicano la resolución del contrato y 102 millones de dólares en daños y perjuicios. El Gobierno dominicano, por su parte, presentó una contrademanda en la que exigía a Codacsa unos 200 millones de dólares. La empresa entiende que el laudo le da la razón al considerar perfectamente legal el contrato firmado en 2001.
Codacsa, que, según su consejero delegado, percibía unos 20 millones de pesos dominicanos (unos 416.000 euros) mensuales por el peaje de la autovía (la prensa local eleva esa cifra al millón de dólares mensuales), asegura que ha invertido a lo largo de estos años los fondos recaudados con el peaje para cubrir con los gastos operativos de la concesión y dice que, además, ha invertido 235 millones de pesos dominicanos (unos 4,9 millones de euros) “cuando no tenía la obligación contractual de hacerlo”.
