La ampliación del mínimo de aperturas comerciales en domingos y días festivos anunciada este lunes por el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, no ha satisfecho las pretensiones de la gran distribución (la patronal Anged dice que tendrá “un impacto irrelevante”) y tampoco contenta a los consumidores (la OCU la calificó ayer de “positiva, pero insuficiente”). También está lejos de los planes iniciales de Economía, que llegó a barajar un mínimo de 16 aperturas al año para las grandes superficies, frente a los 10 fijados finalmente para el próximo 1 de enero. Si se echa la vista atrás, el propio secretario de Comercio defendía una liberalización de alcance muy superior cuando no estaba en el Gobierno.
En octubre de 2004, García-Legaz, entonces director de Economía y Políticas Públicas de FAES (el think tank del PP), publicó un documento titulado “Los once efectos negativos de los recortes de la libertad de comercio” en el que detallaba los motivos por los que, a su juicio, “la liberalización no perjudica al pequeño comercio” y criticaba al Gobierno del PSOE, que preparaba una reducción del número mínimo de aperturas (las 12 jornadas al año que fijó el Ejecutivo de José María Aznar en 2000) hasta los ocho actualmente vigentes.
“La presión política hace que en las Comunidades Autónomas los mínimos acaben convirtiéndose en máximos, salvo que se trate de un Gobierno regional con liderazgo y profundas convicciones en la defensa del interés general”, decía García-Legaz, que criticaba el “paternalismo” del argumento de quienes defienden limitar la libertad de aperturas “por el propio bien de los consumidores y de las empresas”, una idea “de clara inspiración socialista”, decía. “Reformar sectores productivos protegidos de la competencia tiene coste político”, añadía.
Ahora, con mayoría absoluta, el Gobierno se ha quedado a medio camino en la liberalización pese a las recomendaciones de diversos organismos, como la Comisión Nacional de la Competencia, el Fondo Monetario Internacional, el Consejo Europeo o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Todos han pedido una libertad de horarios que el pequeño comercio (más de medio millón de establecimientos) rechaza.
En el sector de la distribución se cree que García-Legaz ha cedido a la presión autonómica, y no sólo la de Cataluña, Andalucía y País Vasco, las tres regiones con más reticencias a la liberalización: actualmente, la mayoría de comunidades autónomas tienen fijado el tope de aperturas (este puede elevarse a discreción por los Gobiernos regionales, como acaba de hacer el de Madrid) en el mínimo vigente, ocho al año. Entre ellas están Castilla y León y otras regiones gobernadas por el PP como Galicia, Baleares, Castilla-La Mancha, Aragón y Extremadura. Por encima de ese umbral se sitúan Madrid (22 días al año hasta antes de la liberalización total que acaba de aprobar), Murcia (10), Valencia (9) y algunas islas y ciudades de Canarias (9).
En el entorno de Comercio se asegura que se ha buscado el “interés general” y que el mínimo de diez aperturas al año, inferior al que fijó Aznar en 2000, ha tenido “buena aceptación” de los gobiernos autonómicos. Además, no se descarta que en el futuro pueda elevarse ese umbral.
