La Plataforma para un Nuevo Modelo Energético, un movimiento de origen ciudadano que aglutina a miles de particulares y decenas de organizaciones y asociaciones, quiere seguir batallando para que las grandes compañías eléctricas españolas (Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, EDP-HC y Viesgo) devuelvan a los consumidores los 3.400 millones de euros que cobraron de más por los Costes de Transición a la Competencia (CTC).
La Plataforma y la asociación de consumidores Ahora Común han sufrido sendos reveses al ver cómo sus respectivas querellas han sido archivadas por la Fiscalía Anticorrupción y después por la Audiencia Nacional.
Los denunciantes culpaban principalmente al segundo Gobierno de Zapatero, pero también al de Rajoy, de no haber exigido vía normativa al devolución de ese dinero cobrado de más y de haber dejado prescribir el derecho de cobro por parte del sistema eléctrico y, por extensión, de los consumidores.
Bruselas investigará si la pasividad de los gobiernos de Zapatero y Rajoy provocó la prescripción y permitió a las eléctricas el cobro de ayudas ilegales de Estado
Pero la Plataforma ha decidido no tirar la toalla y está redactando la denuncia que presentará en los próximos días ante la Comisaría de Competencia de la Comisión Europea, acusando a los gobiernos españoles, con su anuencia, de dar ayudas de Estado a las compañías del sector.
Según confirman Jorge Morales de Labra, integrante de la Plataforma, así como otras fuentes de la misma, la denuncia se presentará en septiembre en Bruselas.
Mientras el Gobierno de Mariano Rajoy se ha denunciado a sí mismo ante la Comisión por haber supuestamente concedido ayudas de Estado al pagar durante años primas al sector renovable, desde la Plataforma se va a denunciar el silenciamiento que hizo el segundo Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero de la Orden que preparó su anterior Ministerio de Industria (fue Ignasi Nieto, Secretario General de Energía el que la impulsó) para exigir a las compañías la devolución de estos 3.400 millones cobrados en exceso por el impacto negativo que en sus cuentas pudo tener la liberalización del sector y la llegada de la competencia, un perverso sistema que fue ideado en la época de Aznar.
La querella ante Anticorrupción apuntó a la responsabilidad política de los ministros Elena Salgado y Miguel Sebastián, así como a algunos de sus subordinados, a la hora de mandar al cajón la propuesta de Orden, que nunca llegó a aprobarse. La Fiscalía no vio delito en la actuación de los ministros y archivó el caso a finales del pasado año.
La denuncia se presentará ante la Comisaría de Competencia de la Comisión Europea en el mes de septiembre
Algo similar entendió la Audiencia meses después. Pero la Plataforma quiere mantener viva la llama y pedirá a Bruselas que investigue si estos sobrepagos fueron ayudas de Estado y busque a los responsables de permitir su cobro.
Los CTC han sido costeados durante años por los consumidores españoles y han contribuido a engrosar el déficit de tarifa, que acumula ya unos 22.000 millones de euros.
Tal y como informó este diario, el Secretario General de Energía, Pedro Marín, nombrado por el ministro Miguel Sebastián, decidió parar esta norma tras recibir fuertes presiones del sector eléctrico.
El propio Marín reconoció en su declaración ante el fiscal Anticorrupción que aprobar la norma habría provocado un "desastre" y generaría más "incertidumbre" al sector.
Prefirió proteger al oligopolio eléctrico que exigirle la devolución de los 3.400 millones, denuncian en el entorno de la Plataforma.
