Baltasar Garzón vuelve al mundo del derecho apenas cuatro meses después de que el Tribunal Supremo le condenara a once años de inhabilitación como juez por su actuación en el proceso contra la trama Gürtel. El ex titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional acaba de abrir bufete en Madrid, aunque su regreso se inició el pasado mes de marzo, cuando se colegió como abogado en Sevilla.
El ex juez ha registrado en Madrid la sociedad Ilocad S.L., en la que figura como administrador único y que presenta el siguiente objeto social: “en materia de intermediación profesional y a través de los correspondientes profesionales, gestión, desarrollo y ejecución de actividades propias de la abogacía”. De acuerdo con el Registro Mercantil, el despacho se encuentra en la calle Castelló, en pleno corazón del Barrio de Salamanca.
Apenas un mes después de ser inhabilitado como juez por el Tribunal Supremo, Garzón se inscribió en el Colegio de Abogados de Sevilla, concretamente con el número 13323. La fecha de inscripción que figura en el correspondiente registro es el 21 de marzo.
Fuentes del Consejo General de la Abogacía señalaron a Vozpópuli que la solicitud del ex magistrado fue sometida a estudio, con la conclusión de que su inhabilitación como juez no le impedía ejercer como abogado, por lo que el proceso siguió adelante.
Condena firme
El Supremo condenó a Garzón a 11 años de inhabilitación en el ejercicio de su cargo y a una multa de 2.520 euros por un delito de prevaricación en concurso con otro contra las garantías constitucionales al colocarse "a la altura de regímenes totalitarios" cuando intervino las comunicaciones de los cabecillas de la trama Gürtel con sus abogados en prisión.
La resolución fue acordada por unanimidad de los siete magistrados que juzgaron la causa en enero y conllevaba la pérdida definitiva de su cargo en el Juzgado Central de Instrucción número 5 "y de los honores que le son anejos", así como "la incapacidad para obtener durante el tiempo de la condena cualquier empleo o cargo con funciones jurisdiccionales o de gobierno dentro del Poder Judicial, o con funciones jurisdiccionales fuera del mismo".
Garzón recurrió la decisión aunque el Supremo no la modificó, lo que comunicó el pasado 23 de marzo, dos días después de que el ex magistrado figurara ya oficialmente en los registros del Colegio de Abogados de Sevilla.
El Supremo resolvió que la petición de Garzón no ha lugar porque en la sentencia cuya nulidad pretendía el ex juez se contienen "de forma expresa y ampliamente razonada" los argumentos del tribunal para considerar que su conducta constituyó un delito de prevaricación.
