El aparato mediático de la Generalitat, construido y controlado por los partidos soberanistas, mantiene su campaña contra las voces constitucionalistas, tanto dentro como fuera de TV3. Uno de los escenarios en los que se libra esta batalla es el Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC), cuyos consejeros críticos con la Generalitat se han enfrentado durante los últimos meses a presiones por expresar en público sus opiniones sobre el proceso independentista, según han explicado fuentes internas.
El último episodio, en este sentido, se produjo hace unos días después de que el CAC contratara a la empresa Acceso para, entre otras cosas, realizar un seguimiento de los perfiles en las redes sociales de los miembros del organismo. Lo hizo a través de un contrato menor del que su presidente, Roger Loppacher, no informó al Pleno, explican fuentes cercanas a la autoridad audiovisual.
Esto provocó una airada reacción de los consejeros propuestos por el PSOE –Carme Figueras-, Unión –Eva Parera- y el PP –Daniel Sirera-, que enviaron una carta al Loppacher para criticar este último intento de coaccionar su “libertad de opinión y de expresión”. “Resulta irregular utilizar los recursos públicos para hacer un seguimiento totalmente injustificado hacia nuestra persona por parte del Consejo”, lamentaron. Y añadieron: “No entendemos, por ejemplo, la vinculación que pueden tener con el CAC los tuits que escribamos para dar nuestra opinión de la sentencia de La Manada”. Sirera llegó a afirmar que le habían puesto “un detective”.
Oficialmente, desde el CAC aseguran que Acceso se encargará simplemente de realizar un resumen de prensa de lunes a domingo sobre “cualquier información relativa al Consell y al sector audiovisual e Internet aparecida en prensa escrita, online y en redes sociales (por el momento Twitter)”. Los consejeros críticos consideran innecesaria la adopción de esta medida y la observan como una nueva maniobra de presión.
Presiones habituales
Pero la polémica va más allá de este episodio. Fuentes conocedoras del organismo han incidido en que el presidente había afeado a algún consejero determinadas opiniones que han ofrecido en público, con el argumento de que podrían empañar la imagen del organismo. De hecho, el consejero Daniel Sirera, en declaraciones a Vozpópuli, recuerda que hace unos meses le impidió participar en una votación en la que se iba a tratar un tema relacionado con una influyente periodista catalana, afín al procés.
En concreto, se refiere a Mónica Terribas, quien el pasado septiembre hizo un llamamiento a sus oyentes para que ayudaran a revelar la ubicación de los guardias civiles que participaban en el dispositivo desplegado para evitar la celebración del referéndum ilegal del 1-0.
Loppacher vetó a Sirera por su "eventual sospecha de parcialidad, aunque sea por simple apariencia”. Se basó en una denuncia enviada por la presidenta del Colegio de Periodistas de Cataluña -Neus Bonet- en la que ponía en duda su neutralidad tras haber leído una de sus opiniones en Twitter sobre el proceso soberanista. En la votación, el CAC evitó sancionar a Terribas por estos hechos, que han motivado una denuncia por parte de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil.
Preguntado por las presiones por parte del presidente, Sirera reconoce que Loppacher ha criticado en el pasado los mensajes escritos en las redes sociales por los miembros constitucionalistas del organismo. No ha ocurrido así con los mensajes de apoyo a los dirigentes del procés del resto de los componentes del organismo.
La consejera, Eva Parera, ha declinado hacer declaraciones sobre este tema, aunque en las redes sociales defendió sus derechos a la libertad de expresión e información. “El presidente del CAC, en lugar de hacerse seguidor nuestro en Twitter para conocer nuestras opiniones personales, ha decidido contratar a Acceso con fondos públicos para hacerlo”, ironizó.
Juez Llarena
No hay que olvidar que este organismo se encuentra dividido en dos facciones: una de ellas conformada por tres consejeros afines a los partidos de la Generalitat (Loppacher entre ellos) y otra por Sirera, Parera y Figueras. Eso ha provocado que una parte de las decisiones del CAC hayan necesitado para salir adelante del voto de calidad de su presidente, que habitualmente ha servido para proteger los intereses del aparato mediático del Govern.
Sin ir más lejos, el Consejo aprobó el pasado viernes una resolución –gracias a Loppacher- en la que rechazaba sancionar a TV3 por emitir datos personales del juez Pablo Llarena y de su mujer. En concreto, el programa Tot es mou emitió el pasado 26 de marzo una pieza en la que detallaba las localidades catalanas en las que se encuentran las dos viviendas de Llarena o el puesto que ostenta su esposa dentro de la Administración.
Los consejeros afines a los independentistas defendieron un informe de los servicios jurídicos del Consejo que consideraba que el reportaje no era merecedor de ninguna sanción, al estar relacionado con un juez con relevancia pública. En ese caso, no puede considerarse que se vulnerara su derecho a la intimidad personal y familiar.
En la mayoría de las denuncias que ha recibido sobre el sesgo político de los programas y los informativos de TV3, el CAC se ha posicionado en favor de la televisión pública, algo que contrasta con la beligerancia con la que se ha empleado contra medios como Antena 3, TVE, Telemadrid o Intereconomía. También contra Onda Cero, COPE y la Cadena SER, sobre las que inició una investigación (que no derivó en expediente) por negarse a emitir las cuñas ilegales de la consulta ilegal del 9 de noviembre de 2014.
En todo este tiempo, han sido varios los votos particulares que han advertido de que el CAC, al sancionar a estos medios, estaba incumpliendo su función, dado que se encuentran fuera de su ámbito de actuación. Sin embargo, Loppacher no ha renunciado a tramitar estos expedientes.
