El déficit de tarifa, el gran problema del sector eléctrico, sigue creciendo sin freno. Hasta mayo, el desfase entre los ingresos regulados que fija el Gobierno y los costes reconocidos de las empresas se situó en 2.553 millones de euros, lo que supone un incremento del 28,3% (564 millones) en un solo mes. Respecto a un año antes, el aumento es del 44,6%, según la última liquidación de la Comisión Nacional de la Energía (CNE). El límite legal para todo el ejercicio (1.500 millones) quedó pulverizado ya en abril.
No obstante, hay que tener en cuenta el decalaje en las refacturaciones que elabora el regulador, que todavía no habían recogido los recortes de costes regulados que abordó el Gobierno en abril pasado. Como ya hizo en la anterior liquidación, la CNE considera que el importe del desajuste acumulado a mayo "no resulta del todo significativo", ya que en los cinco primeros meses del año se han cargado costes como el bono social o el desajuste temporal de 2011, al tiempo que no se incluyen la mejora de los ingresos relacionados con el aumento de los peajes en abril o la refacturación del recibo de luz a la que obligó el Tribunal Supremo.
Las primas a las renovables (incluyendo la cogeneración) alcanzaron hasta mayo los 3.873 millones, un 25% más que un año antes y un 29,1% más que en abril. En un solo mes, la factura fue de 879,4 millones, de los que casi el 40% (347 millones) correspondió a la fotovoltaica, que cubrió el 4% de la demanda eléctrica en mayo. El importe es superior al de abril (273) millones, lo que se explicaría por la mayor insolación de mayo, aunque, según el sector, en ese mes ya ha empezado a activarse para algunas plantas el límite de horas con derecho a prima que impuso el anterior ministro de Industria, Miguel Sebastián, para recortar la retribución de esta tecnología.
Su sucesor, José Manuel Soria, señaló la semana pasada al incremento del importe de las primas a las renovables a partir de 2005 (cuando empezó a crecer “exponencialmente”, dijo), como “la razón por la que en los últimos años el recibo de la luz ha venido subiendo”, aunque el mismo día rechazó un recorte retroactivo de los incentivos de estas plantas (la patronal de las eléctricas tradicionales, Unesa, ha pedido eliminarlos) porque “podría introducir elementos de inseguridad jurídica”.
Por eso, la vía elegida por el Gobierno para acabar con el déficit (un agujero que supera los 25.000 millones y que debería quedar reducido a cero en 2013) es la imposición de impuestos y tasas a las distintas tecnologías (renovables y ordinarias), que tuvo su aperitivo en el BOE del pasado sábado; el 'recortazo' incluye trabas a los gravámenes que algunas Comunidades Autónomas han venido imponiendo al sector que, por un lado, busca desincentivar a las regiones a utilizar esa vía (allá donde se apliquen esos gravámenes, deberán repercutirse en la tarifa de la luz) y, por otro, despeja el camino para que la Administración central imponga sus propios tributos.
Un directivo de una de las grandes eléctricas considera que, con los impuestos, "no se está atacando la raíz de problema", y apunta a los "costes políticos" (como las primas a las renovables, el sobrecoste de los sistemas eléctricos aislados y las ayudas a la producción de carbón nacional) que soporta la tarifa eléctrica.
Pero el Gobierno parece decidido a recurrir a la vía impositiva para el grueso de su reforma energética, cuyo proyecto de ley prevé presentar este mes, por lo que no se tramitaría hasta pasadas las vacaciones parlamentarias. Está previsto que este martes Soria se reúna con el presidente de la asociación de pequeños promotores fotovoltaicos (Anpier), Miguel Ángel Martínez-Aroca, en un encuentro auspiciado por el presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel, según Anpier.
La rebelión de las comunidades autónomas ante el 'impuestazo' a las diferentes tecnologías está servida: este lunes, el Gobierno extremeño advirtió de que si finalmente el Ejecutivo central aprueba la tasa a la generación de electricidad llegará "hasta donde haga falta, hasta las últimas instancias" para frenarla. El Ejecutivo de José Antonio Monago teme por el futuro de los proyectos de energías renovables que prevén instalarse en la región.
