El Gobierno no está dispuesto a que se abra un nuevo conflicto judicial contra el Estado a causa del bloqueo de los derechos de cobro de la deuda relacionada con el polémico almacén de gas Castor. La comparecencia este miércoles en el Congreso del ministro de Energía, Álvaro Nadal, en la que ‘anunció’ que el asunto se dirimirá en los tribunales, sin ofrecer alternativa alguna, sorprendió negativamente en el seno del Ejecutivo, especialmente en el Ministerio de Economía, sabedor de que los bancos afectados (Santander, Caixabank y Bankia) preparan ya una ofensiva en los tribunales que tendrá al Estado en el punto de mira.
Poco antes de la intervención de Nadal en la Comisión de Energía del Congreso, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) notificaba a las entidades financieras la suspensión de los derechos de cobro de la deuda del Castor, que en su día asumió Enagás como gestora de la red y que procedió a traspasar a la banca a través de una titulización. La medida viene derivada de la aplicación de la sentencia del Tribunal Constitucional, publicada en el BOE el pasado 16 de enero, que declaraba nula la indemnización por la reversión de la concesión del almacén de gas, después de que la concesionaria (Escal, participada por ACS) se viera obligada a interrumpir la actividad por los movimientos sísmicos que provocaba.
Ante esta circunstancia, Santander, Caixabank y Bankia, que se aseguraron el derecho de cobrar 91 millones de euros anuales durante 30 años, a un interés del 4,3% y con una garantía tan estable como el propio sistema gasista, preparan desde que se conoció el contenido de la sentencia (a finales del pasado diciembre) una reclamación para que se desbloqueen los pagos. Pero el hecho de que las previsiones de Nadal pasen por "una enorme litigiosidad" en torno al asunto del Castor ha encendido todas las alarmas en las entidades financieras.
Señales de alarma que han tardado en llegar al resto del consejo de ministros, especialmente a Economía, quien ha trasladado a Nadal la necesidad de resolver este asunto por otra vía que no sea la de los tribunales. Y esta vía no es otra que la parlamentaria, es decir, a través de una Ley específica o una enmienda. La preocupación también se ha trasladado al Ministerio de Hacienda. Cabe recordar que entre las entidades afectadas se encuentra Bankia, controlada mayoritariamente por el Estado y cuya exposición a la deuda del Castor es de 200 millones de euros.
La responsabilidad del Estado
Las entidades afectadas trabajan conjuntamente para preparar su respuesta en los tribunales, aunque es no es la opción que prefieren. Para articular la posible reclamación contemplan, sobre todo, la posibilidad de ir contra el Estado y solicitar una suerte de responsabilidad patrimonial, similar a la del caso de las autopistas de peaje en quiebra que pasarán a manos públicas.
A fin de cuentas, la sentencia del Constitucional no el foco sobre la compensación económica sino sobre su tramitación a través de un Real Decreto (lo que el Tribunal considera que no estaba justificado) en lugar de por vía de proposición de Ley, con lo que el Gobierno sería el principal responsable de que se haya anulada la compensación y, por lo tanto, se haya bloqueado el derecho de cobro de la deuda.
Sin embargo, los bancos afectados no descartan actuar también contra Escal, a la que le reclamarían la devolución de la indemnización, al haber sido anulada por el Constitucional. En último término también contemplarían ir contra Enagás, entidad con la que firmaron el contrato para la adquisición de la deuda y los derechos de cobro, aunque esta última opción es más improbable dado que, en cualquier caso, se trataría de una transacción puramente mercantil.
No agotarán el plazo para reclamar
Fuentes financieras señalan que los bancos no tienen contemplado agotar el plazo de un año del que disponen para realizar posibles reclamaciones. Sin embargo, tampoco están trabajando a marchas forzadas, a la espera de que poder negociar con el Gobierno una solución que evite la vía de los tribunales, lo que introduciría el conflicto en el complicado proceso temporal de la Justicia y podría hacer que el daño fuera aún mayor por el incremento de los intereses.
Por otra parte, el Ejecutivo es consciente de lo complicado que resulta en el actual panorama parlamentario, sacar adelante una medida por vía legislativa. La misión no será fácil pero el consejo de ministros dejará claro a Nadal que su deber pasa por, al menos, intentarlo.
