El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero no exigió ningún informe sobre sismicidad a Escal UGS, empresa controlada por el grupo ACS, a la hora de adjudicarle la concesión de explotación del proyecto de gas subterráneo Castor. Según la Fiscalía de Castellón, el Ejecutivo "aceptó sin objeciones" los informes del Instituto Geológico y Minero (IGME) y de Escal, en 2007, pese a que ninguno de ellos mencionaba la posible "sismicidad inducida" de la actividad de inyección de gas bajo las aguas del Golfo de Valencia.
Estos informes sirvieron de base para conceder la adjudicación a la empresa del grupo presidido por Florentino Pérez, que años más tarde (septiembre de 2013) provocó 512 terremotos en la zona (algunos de 4,2 grados en la escala Richter).
Según ha podido constatar la Fiscalía, el documento aportado por el IGME "no contiene ninguna referencia a la existencia de fallas activas en el entorno del almacén, a la posibilidad de inducir seísmos, a la necesidad de realizar estudios de peligrosidad sísmica y, por consiguiente, sobre cómo podría afectar" a la zona de influencia del almacén, ubicado 30 kilómetros aguas adentro frente a la costa de Vinaroz (Castellón de la Plana).
Ni el Ministerio de Industria, ni el de Medio Ambiente, ni el IGME ni la propia Escal hicieron mención alguna a los riesgos de terremotos pese a que el Observatorio del Ebro dio la alerta en 2005
El escrito de la Fiscalía apunta directamente al entonces director general de Política Energética y Minas, Jorge Sanz, uno de los 18 imputados en la causa abierta en los Juzgados de Vinaroz, que fue el que elevó a la Secretaría General de Energía un informe favorable a la concesión a Escal, en línea con lo recomendado por el IGME, destacando que los sistemas de inyección de gas subterránea se basan en una "tecnología madura y sin riegos relevantes".
Desde la Administración no se exigió a Escal informe alguno sobre los riesgos de sismicidad, pese a que desde diferentes instituciones (entre ellas el Observatorio del Ebro) ya habían alertado sobre los riesgos de terremotos en una zona con fallas conocidas.
Según el Fiscal, "el riesgo era conocido y denunciado". La Administración estaba informada de ello, al igual que la empresa adjudicataria, que no incluyó en el estudio de impacto ambiental uno de la actividad sísmica que podría provocar la inyección de gas.
La empresa controlada por ACS llegó a decir que el riesgo de terremotos era "una afirmación carente de fundamento científico" y tardó cuatro días (del 13 al 17 de septiembre de 2013) en adoptar las recomendaciones del Observatorio del Ebro de reducir el ritmo de inyección de gas colchón, pese a que ya se habían producido más de 140 pequeños terremotos.
Es más, según la Fiscalía, Escal "minimizó el riesgo y ocultó información relevante" a la Dirección General de Política Energética y Minas cuando ésta le exigió, el 11 de septiembre de 2013, un informe detallado sobre la posible relación de la inyección de gas con el aumento de la sismicidad en la zona, informa Las Provincias.
Según el Fiscal, "el riesgo era conocido y denunciado", pero ni la Administración ni la empresa consideraron necesario unir al estudio de impacto ambiental uno de actividad sísmica en la zona
La Fiscalía no duda de que el Gobierno "consintió" a Escal no presentar informes de sismicidad porque "no eran necesarios", según dijo la empresa, pese a que el Observatorio del Ebro había alertado en 2005 de que la actividad de inyección de gas y almacenamiento subterráneo "se considera a nivel mundial como potencialmente inductora de terremotos" al modificar previsiblemente "el estado de fuerza de las fallas".
Y así fue años después. El Gobierno de Rajoy se vio obligado a suspender la actividad de la planta después de que se produjeran más de 500 terremotos. Posteriormente, la filial de ACS devolvió la concesión al Estado, que ha procedido a la hibernación de la planta y ha pagado de urgencia al grupo de Florentino Pérez 1.350 millones de euros en concepto de indemnización tras haber abandonado el proyecto.
Después de todo el escándalo, el próximo 20 de octubre comenzarán a desfilar por el Juzgado de Instrucción Número 4 de Vinaroz los 18 imputados, tras la denuncia presentada por la Fiscalía. Están acusados de presuntos delitos de prevaricación medioambiental, contra el medio ambiente y los recursos naturales. Tendrán que declarar como imputados cuatro miembros del IGME, que hasta diciembre de 2013 (dos meses después de los terremotos y de la clausura de la planta) no reconoció que el "fenómeno de la sismicidad inducida puede tener lugar en actividades que conlleven tanto la extracción como la inyección de fluidos en el subsuelo".
La empresa del grupo ACS "minimizó el riesgo, ocultó información relevante" y tardó cuatro días en frenar el ritmo de inyección de gas pese a que ya iban 140 terremotos
También se sentará en el banquillo de los acusados el ex director general de Política Energética y Minas entre 2004 y 2009, Jorge Sanz Olivas, que encargó el informe al IGME que validó el plan en 2007 y permitió la concesión a Escal sin hacer mención alguna a los riesgos sísmicos.
También están acusados los responsables de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable publicada en 2009 (José Manuel Escanilla, Miguel Aymerich Huyghues y la ex directora general de Evaluación Ambiental, María Jesús Rodríguez Sancho). Hay otro director general de Industria imputado, Antonio Hernández García, que fue el que selló la autorización administrativa que en 2010 dio el proyecto a Escal.
