Apenas dos meses después de la aprobación de la nueva ley concursal, ésta se ha visto superada por la situación que viven muchas empresas en dificultades. El reciente articulado fue bien recibido por la banca y el mundo empresarial porque daba aire a muchas compañías que estaban a punto de entrar en una situación de liquidación. Sin embargo, las empresas que ya estaban en un paso superior, es decir, aquellas que ya tenían formalizado su convenio de acreedores o están en fase de negociación, no podían beneficiarse de las ventajas previstas en la nueva ley para esquivar la suspensión de pagos. El Gobierno no sólo aprovechará la tramitación parlamentaria para corregir esta situación, como adelantó Vozpópuli el pasado 14 de mayo, sino que introducirá un nuevo balón de oxígeno para la salvación de estas empresas. Será así el sexto cambio que sufrirá la normativa desde que el Consejo de Ministros aprobase, el pasado 7 de marzo, el real decreto de medidas urgentes de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial.
El Gobierno tiene previsto, según confirmó este martes Luis de Guindos, en el curso de la UIMP de Santander organizado por la APIE, establecer un trámite para que aquellas empresas que estén situación concursal, y antes de que se llegue a la liquidación de activos, pueda vender la totalidad del negocio en marcha con reducciones de su deuda.
"Hay que evitar que el procedimiento concursal sea una trituradora de empresas. En España existen muchas empresas que son viables, que han cometido errores con su proceso de apalancamiento, pero si se mantienen vivas tienen un impacto más positivo para la economía, sus acreedores y trabajadores", sostuvo el ministro de Economía, que precisó "que muchas veces vale más el todo que la suma de sus partes. Y eso es lo que pretendemos con esta medida".
Además, el Ejecutivo va a obligar a los bancos a adherirse a un código de buenas prácticas para trasladar las ventajas de la nueva ley concursal a las pymes. "Hay que lograr que las pequeñas y medianas empresas logren refinanciación por parte de los bancos antes de que lleguen al abismo", explicó Guindos.
Guindos también dejó abierta la puerta a que tanto Hacienda como la Seguridad Social puedan perder su derecho de preferencia en el cobro de una deuda (impuestos) frente al resto de acreedores de una empresa en dificultades, una vez que se declara el concurso de acreedores. Incluso el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su último informe solicitaba cambios en ese sentido de la nueva ley concursal. Esta ha sido una de las mayores peticiones de la banca durante las negociaciones que derivó, la pasada semana, en una dura crítica por parte de las grandes entidades ante la falta de gestos de Cristóbal Montoro.
Por otra parte, Guindos anunció también que el Gobierno presentará próximamente una nueva ley de auditoría para mejorar la independencia del auditor, y que conllevará una rotación obligatoria de las auditoras. La regulación actual exige un cambio del auditor firmante del informe cada siete años, pero no de la firma. Pese a que aún no hay establecido el plazo de rotación, Guindos avanzó que estará en el consenso de las actuales legislaciones europeas. Estas obligan a la rotación tras 10 años de trabajos de la misma firma, aunque ésta tiene la posibilidad de solicitar un aplazamiento adicional que podría retrasar el cambio hasta los 12-15 años. "Pretendemos reforzar los comités de auditoría de las empresas auditadas y el propio informe de auditoría, que tiene que contener información relevante sobre la imagen fiel de una empresa", aseveró Guindos.
