Las centrales nucleares españolas llevan más de un año en una situación que fuentes de la Administración califican sin ambages de “ilegal”. La reforma de la Ley de Responsabilidad Civil Nuclear aprobada por el Congreso en mayo de 2011 obliga a que los permisos de explotación de cada una de las plantas recaigan sobre una única sociedad anónima cuya actividad se centre, exclusivamente, en el sector nuclear. Y se da la paradoja de que la única que a día de hoy cumple ese requisito es Nuclenor, la sociedad de Endesa e Iberdrola que explota la central de Garoña, que en principio se cerrará en julio del año que viene.
Las fuentes consultadas hablan de “bloqueo” en las negociaciones porque las empresas han sido incapaces de ponerse de acuerdo hasta ahora. Y las conversaciones, aseguran en el sector, llevan tiempo paradas: los últimos contactos datan de antes del pasado verano, algo que no parece preocupar al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que no se pronuncia (ni oficial ni extraoficialmente) sobre este asunto.
Tras aprobarse la reforma legal, el Ministerio de Industria dio un plazo de cuatro meses a las empresas para que llegaran a un acuerdo, plazo que expiró, lo que motivó la apertura de un expediente de oficio por parte del departamento que entonces encabezaba Miguel Sebastián que actualmente, con el equipo de José Manuel Soria volcado en otras prioridades (la principal, rematar la denominada reforma energética), está “en vía muerta”, explican fuentes del sector.
En el caso de las plantas que son propiedad al 100% de un único titular, Ascó I (Endesa) y Cofrentes (Iberdrola), “ya se están ultimando los trámites para cumplir la ley”, según fuentes del sector. Pero en el resto de reactores sigue sin haber acuerdo.
Las dos plantas más conflictivas son las de Almaraz y Trillo, que son las que tienen un accionariado más disperso
Las dos centrales más conflictivas son las de Almaraz y Trillo, que están gestionadas por Agrupaciones de Interés Económico y que son las que tienen un accionariado más disperso. En la primera, el primer accionista es Iberdrola (48%), seguido de Gas Natural (34,5%), HC Energía (15,5%) y Nuclenor (2%). En Almaraz, Iberdrola tiene el 53%, Endesa el 36% y Gas Natural, el 11%.
Las empresas se acusan entre sí del retraso en la adaptación en la normativa, y hay quien señala a Gas Natural como responsable: “Se ha opuesto a todas las posibilidades”, dicen desde una de las compañías, extremo que fuentes próximas a la gasista niegan.
También hay quien acusa al Ministerio de dejar la cuestión “al albur de las empresas” en lugar de legislar. “Que decidan ellos”, dicen desde una compañía. Lo cierto es que el bloqueo está teniendo algunas repercusiones, como el retraso en la reorganización de la actividad de simulacros nucleares que prepara Tecnatom, participada por las eléctricas.
