La última reforma eléctrica del ministro Soria ha dado la puntilla a miles de pequeños inversores que apostaron sus ahorros a las suculentas rentabilidades que ofrecían las plantas solares fotovoltaicos. Cuando estalló el boom de los huertos solares, allá por 2007, hubo una avalancha de inversores del ladrillo que de forma oportunista fueron desviando sus fondos de la burbuja inmobiliaria, ya con algunos síntomas de agotamiento, hacia la nueva burbuja en ciernes, la solar.
Pero no sólo estos grandes y medianos inversores, enriquecidos muchos de ellos al calor de la especulación del ladrillo, fueron los que se lanzaron al negocio solar. También hubo miles de ahorradores de clase media, pequeños inversores de zonas rurales que vieron en este negocio una forma de obtener una rentabilidad mayor para sus ahorros con la garantía y la seguridad jurídica que daba el Estado por un periodo medio de 25 años de explotación de las plantas.
Todo parecía perfecto: un negocio nuevo y limpio, comprometido con el medio ambiente, cercano a tu lugar de residencia por ser eminentemente rural, con altísima rentabilidad y garantía del Estado.
Y, por supuesto, sin problemas de financiación. Los bancos se lanzaron a conceder créditos y desde sus sucursales recomendaban a sus ahorradores que invirtieran en ese nuevo negocio de los huertos solares.
Han pasado seis años y las condiciones han cambiado radicalmente. El segundo gobierno de Zapatero trató de frenar la burbuja que había creado su primer gobierno y aplicó severas medidas para recortar las desorbitadas primas solares (se cobraban hasta 450 euros por MW producido) y limitar las horas de producción solar primada. Llegó Rajoy y continuaron los recortes al sector renovable en general y al solar en particular.
Los créditos para un huerto solar estándar iban de los 300.000 a los 600.000 euros. La garantía era la alta rentabilidad a 25 años y la garantía del Estado, pero todo ha saltado por los aires
Pero ha sido la última reforma energética, que fue aprobada en el Consejo de Ministros del pasado viernes, la que ha dado la puntilla al sector fotovoltaico. Hay unos 50.000 pequeños y medianos inversores, la mayoría rurales, que se embarcaron en huertos solares y pidieron créditos que iban desde los 300.000 euros a los 600.000 para el desarrollo de un proyecto estándar medio de 100 kilovatios.
Los inversores se apalancaban un 80% con créditos garantizados por la alta rentabilidad y la seguridad jurídica dada por el Estado. Pero estos dos últimos conceptos han saltado por los aires con el cambio en las reglas del juego y ahora muchos de estos inversores, como les ocurrió a muchos compradores de vivienda con sus hipotecas, no pueden afrontar el pago de las letras de los créditos.
Y ya han comenzado a caer los primeros pequeños productores. Este 2013 va a ser fatídico y cuando se aplique la nueva reforma energética más. El año comenzó con un impuesto a la generación del 7%, a lo que hay que unir un 3% por la no actualización del IPC. Los ingresos, pues, han caído un 10%. Pero además, la mayoría de los huertos solares, en lo que va de año, ya ha alcanzado el tope de horas de producción fijado por el Real Decreto de limitación horaria de 2010.
Muchos de ellos, señalan fuentes del sector, dejarán de cobrar la prima a partir de agosto por agotar el máximo de horas permitidas de producción en estos ocho meses y sólo recibirán el precio del pool (precio de la electricidad sin primas). Sirva de ejemplo esta carta enviada recientemente por un pequeño promotor a decenas de diputados y senadores.
Esta situación de bajada de ingresos se agudizará en los próximos meses cuando comiencen a entrar en vigor las medidas de la reforma de Soria.
Según las fuentes consultadas, la verdadera avalancha de cierre de huertos solares o de entrada en concurso de acreedores podría producirse a finales de este año y durante 2014.
Y ahí el papel a jugar por los bancos es vital. El ministerio de Industria pidió a la banca que fuera flexible en la renegociación de los créditos con los productores de energías renovables para evitar una avalancha de quiebras y que las entidades se quedasen con nuevos activos tóxicos, en este caso, activos renovables que han quebrado.
Renegociar ahora un crédito implica pagar intereses del 9%, frente al 2% y 3% que aplicaban los bancos cuando comenzó la burbuja fotovoltaica
Pero ahora, las condiciones para refinanciar los créditos son mucho más duras: los tipos de interés que están proponiendo los bancos llegan al 9%, frente al 2% y 3% que se pactaron al comienzo del crédito, en momentos de plena euforia económica.
Actualmente, el sector renovable en pleno tiene pillados con la banca unos 40.000 millones de euros, según las diferentes patronales.
