Poco a poco se va aclarando el panorama que se avecina para los inversores que apostaron por el boom de las energías renovables en España tras los nuevos recortes anunciados esta semana por el Ministerio de Industria y Energía. Los sectores eólicos, cogeneración (industrias que generan energía con el calor sobrante de sus procesos productivos y están incluidas en el Régimen Especial) y fotovoltaico son los más afectados por el hachazo, que supondrá recortes de 1.200, 1.200 y 600 millones de euros, respectivamente, según las estimaciones generales de las patronales.
Detrás de las dos primeras tecnologías están grandes y poderosas compañías o medianas empresas con cierta capacidad de maniobra y músculo financiero para afrontar los ajustes, pero el drama comienza a aflorar en el segmento más débil, el de los pequeños inversores que suscribieron créditos avalados con sus propias casas o bienes para participar en el desarrollo de los huertos fotovoltaicos.
Hay tantos pequeños ahorradores e inversores (agricultores, fontaneros, mecánicos, profesores, abogados, jubilados, parados…), la mayoría de ellos en entornos rurales, que depositaron sus ahorros en estos proyectos que el drama alcanza tientes sociales.
Los dueños de los huertos solares no son grandes compañías, son pequeños ahorradores e inversores, muchos de ellos en el entorno rural, que buscaban alta rentabilidad con la seguridad del Estado
En España hay 53.000 pequeños inversores que impulsaron unos 58.000 proyectos fotovoltaicos desde 2007, atraídos por las altas y seguras rentabilidades (las avalaba el Estado). Según las estimaciones del sector, "el 90% de estos proyectos tendrán que acogerse irremediablemente al concurso de acreedores, porque no pueden seguir pagando las cuotas mensuales de sus créditos, y tienen muy difícil afrontar las refinanciaciones con los bancos porque suscribieron préstamos a intereses del 4% al 6% y ahora las entidades les exigen en torno al 10%", señala una fuente experta.
"Se vienen soportando recortes desde 2010 y este último, si se perpetra finalmente, tendrá un impacto de hasta 600 millones de euros en todo el sector. Con esta situación, habrá proyectos de los que se han acogido a concurso que podrán sobrevivir a duras penas, pero muchos otros quebrarán definitivamente. Y eso supone no sólo quebrar su empresa fotovoltaica, sino también poder perder la vivienda propia o de familiares o cualquier otro bien que se aportara como aval en la concesión del préstamo", añade otra fuente directamente afectada.
El nuevo ajuste provoca que sus ingresos por generación no alcancen ni para pagar la cuota mensual del préstamo, con lo que muchos se acogerán a concurso y tratarán de refinanciar sus créditos
Según las estimaciones del sector, hay 22.000 millones de euros prestados por bancos españoles (un 65% del total) y extranjeros para el desarrollo de proyectos fotovoltaicos, casi la mitad de toda la financiación estimada a todas las energías renovables (en torno a 50.000 millones de euros).
"El riesgo más dramático lo sufren los pequeños inversores, pero también es un grave problema para los bancos, que en un par de años pueden encontrarse en sus balances con un gran número de activos tóxicos renovables", señala una fuente financiera.
De los 22.000 millones de euros concedidos en créditos a los fotovoltaicos, un 65% provinieron de cajas de ahorros y bancos españoles, que ahora temen una avalancha de nuevos activos tóxicos
La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) ha calculado esta semana que el recorte a la retribución fotovoltaica en virtud de los nuevos estándares diseñados por de Industria ascenderá a entre 550 y 600 millones de euros, lo que equivale a un 25% de los ingresos regulados de esta tecnología.
La "inseguridad jurídica" de los "constantes" cambios normativos, junto al carácter "retroactivo y revisable cada tres años" de la nueva norma, obligará a los inversores fotovoltaicos a refinanciar sus deudas con los bancos en unas condiciones "muy desventajosas en todos los casos", o incluso a no poder hacerlo, "lo que llevará a gran parte de los proyectos a la quiebra", afirma la asociación.
UNEF ha denunciado que los recortes no son "homogéneos" y "castigan más a las instalaciones más grandes". De hecho, estos recortes oscilan entre el 10% y el 54%, con un sistema que castiga más a las grandes plantas, al tiempo que el texto equipara grandes plantas y agrupaciones fotovoltaicas.
