La central nuclear de Garoña, la más antigua de las que operan en España, tiene muchísimas papeletas para cerrar el próximo julio porque la denominada reforma energética, cuya entrada en vigor está prevista para el próximo enero, llevará a la planta a pérdidas, según sus propietarios, Endesa e Iberdrola. Sin embargo, un dato ilustra que ambas empresas no cierran del todo la puerta a que la instalación continúe en marcha: Nuclenor (sociedad explotadora de la central, participada al 50% por ambas eléctricas) todavía no ha comunicado "fehacientemente y por escrito" su clausura, según recalcó este martes en el Congreso Francisco Gil-Ortega, presidente de la Empresa Nacional de Residuos (Enresa), la sociedad pública que debe gestionar el desmantelamiento de la planta.
"Todavía no tenemos la certeza de si van a seguir o van a parar", explicó Gil-Ortega en los pasillos de la Cámara Baja, al término de su comparecencia a puerta cerrada ante un reducido grupo de diputados, en el marco de la Ponencia encargada de las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). El presidente de Enresa, que tiene un marcado perfil político (exalcalde de Ciudad Real, exsenador y exvicepresidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, es considerado muy cercano a María Dolores de Cospedal), llevaba subrayada en su discurso su alusión a la no comunicación por parte de Nuclenor del cierre de Garoña.
La planta, a su pesar, se ha convertido en protagonista de un pulso entre las eléctricas y el Gobierno, que apostó fuerte por la continuidad de la central y se ha quedado sólo defendiendo que siga abierta tras el denominado impuestazo al sector energético. Fuentes del sector reconocen que la ausencia de una comunicación oficial es un síntoma de que las empresas dejan "una puerta abierta" a que la central continúe en marcha.
Los propietarios de Garoña "aún no han decidido" si la cerrarán, según Nuclenor
Nuclenor, que dice que no ha comunicado el cese de actividad "porque todavía no ha llegado y el momento" y sus propietarios "aún no lo han decidido", sí ha remitido al CSN el preceptivo plan de cierre de Garoña, del que la presidenta del regulador atómico, Carmen Martínez Ten, dará cuenta este jueves en el Congreso.
En octubre pasado, en una tensa conversación con el presidente de la patronal eléctrica Unesa, Eduardo Montes, el director general de Política Energética y Minas, Jaime Suárez Pérez-Lucas, ya señaló que hay de plazo “hasta julio del año que viene” para dar marcha atrás al cierre de Garoña, después de que Nuclenor dejara correr el plazo para recurrir la negativa de Industria a alargar el periodo en el que las empresas podían solicitar la prórroga del permiso de explotación de la central.
Gil-Ortega también se refirió en su reunión con los diputados a la situación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos radiactivos de alta actividad que Enresa prevé construir en la localidad conquense de Villar de Cañas. Las obras de la parte más importante del complejo (el almacén como tal y los laboratorios), comenzarán en un máximo de 24 meses, para “llegar a tiempo” a 2017, cuando deben estar concluidas.
El consejo de administración de Enresa ya ha aprobado la compra de tres parcelas (una de 55 hectáreas para el ATC en sí, otra de 4 que acogerá un vivero de empresas y una tercera de 30 hectáreas “por si hiciera falta”), cuyo vallado comenzará la semana que viene, y tiene pendiente la licitación de las carreteras de acceso, por importe de 18,5 millones de euros.
Gil-Ortega dio cuenta del estado de los trabajos de desmantelamiento de instalaciones (los más importantes, los de la central de Zorita, ya están al 50%, dijo) y explicó que Enresa quiere “empezar a hablar” con los ayuntamientos en los que se ubica el almacén de residuos de media y baja actividad de El Cabril (en Córdoba), de cara a su ampliación para el año 2020. El complejo está ya al 66,3% de su capacidad, explicó.
