"El lenguaje disfraza el pensamiento", escribió Ludwig Wittgenstein en su Tractatus logico-philosophicus. En el caso del juicio contra el expresidente de Abengoa, Felipe Benjumea, el exconsejero delegado, Manuel Sánchez Ortega, y los exconsejeros Mercedes Gracia Díez, Alicia Velarde y Antonio Fornielles, que aprobaron las indemnizaciones que cobraron los dos primeros, de 11,5 y 3,5 millones respectivamente, poco antes de que el grupo energético se asomara a la mayor quiebra empresarial ocurrida en España, el lenguaje también ha sido empleado para tratar de legitimar unos pagos indecentes.
Durante el juicio, que se inició a mediados del mes pasado y que queda hoy jueves visto para sentencia en la Audiencia Nacional, tanto la defensa como las acusaciones han dado mil vueltas al significado de la renuncia o cese de Felipe Benjumea. También la propia Abengoa, en sus informes financieros de 2015, se enreda al tratar la salida de su expresidente.
Los consejeros fieles a Benjumea han declarado durante el proceso que la salida de este fue impuesta por la banca acreedora, principalmente Santander. Las entidades condicionaron, según su versión, el apoyo financiero al grupo a través de una ampliación de capital de 650 millones de euros a que Felipe Benjumea dejara de ser presidente. El abogado de Benjumea, Ignacio Ayala, sostiene que el cese no fue voluntario.
En el peor año de la historia de Abengoa, Benjumea recibió 15,5 millones
El 23 de septiembre de 2015, dos meses antes de que la multinacional sevillana se declarara en preconcurso de acreedores, el consejo de administración comunicó el cese de Benjumea. Unos meses antes, en febrero, Felipe Benjumea firmó con Abengoa un Contrato de Consejero Ejecutivo que contemplaba el derecho a percibir una bonificación condicionada a su permanencia en el cargo hasta alcanzar la edad de sesenta y cinco años por importe de siete millones de euros -tres millones de euros en el caso de Manuel Sánchez Ortega- a no ser que fuera cesado por causas ajenas a él mismo.
Las debilidades financieras de Abengoa se pusieron abruptamente de manifiesto a finales de 2014, cuando la compañía vivió jornadas de pánico en Bolsa al ponerse en duda la cantidad real de su deuda. El contrato de febrero firmado entre la empresa y Benjumea no fue hecho público por Abengoa hasta mayo de 2015, cuando lo requirió la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Que la banca hubiera condicionado su apoyo financiero al grupo sevillano al cese de Benjumea como presidente, como han sostenido en el juicio los acusados, era una de esas causas ajenas que justificarían la indemnización recibida. Además de los 11,5 millones de euros por esa indemnización por supuesto cese involuntario como presidente, Benjumea recibió por el peor ejercicio en la historia de Abengoa otros cuatro millones como retribución, en total 15,5 millones de euros.
El presidente de Santander España, Rodrigo Echenique, que lideró las conversaciones entre la banca y Abengoa para la ampliación de capital durante el año 2015, ha manifestado en el proceso judicial que él mismo recomendó personalmente a Benjumea dejar la presidencia. Pero que dicha recomendación no se trató en ningún caso de una condición impuesta e imprescindible para dar o no apoyo financiero al grupo energético. Si la banca no rescató finalmente a Abengoa fue porque "las cuentas no estaban claras", ha asegurado Echenique.
El fiscal de la Audiencia Nacional José Perals, que pide entre cuatro y cinco años de cárcel para los acusados, también ha caído en ese enredo lingüístico. Durante el juicio ha llamado la atención sobre el hecho de que en su informe financiero de junio a septiembre de 2015, Abengoa se refería al cese de Benjumea como "renuncia", lo que en su opinión contradice la versión de la defensa del expresidente del grupo y de los exconsejeros acusados. Si fue una renuncia, fue una salida voluntaria, por lo que Benjumea no tendría derecho a la indemnización.
En dicho informe trimestral, Abengoa dice: "Con fecha 23 de septiembre de 2015, el consejo de administración de la sociedad acordó nombrar por cooptación como presidente de la sociedad a Don José Domínguez Abascal consejero dominical y presidente no ejecutivo en sustitución de Don Felipe Benjumea Llorente, quien presentó su renuncia como consejero y presidente ejecutivo siendo nombrado presidente de honor de Abengoa". Y más adelante el informe añade que la compañía ha reconocido en sus cuentas a 30 de septiembre de 2015 la indemnización por cese anticipado de Benjumea.
Como si los redactores de las cuentas de Abengoa se hubieran percatado de que el informe financiero hasta septiembre de 2015 no dejaba suficientemente claro que el cese de Benjumea no había sido vountario, el grupo varió el texto referido a la salida del que fuera su presidente desde el año 1991 en las cuentas del ejercicio completo de ese mismo año.
Cuando Abengoa se asomaba a la peor quiebra empresarial española, su presidente abandonó con más de 15 millones en el bolsillo
En una nota a pie de página del informe financiero anual de 2015, en el apartado de las remuneraciones de sus consejeros, aparece el siguiente párrafo: "Don Felipe Benjumea Llorente presentó su renuncia a la condición de consejero de Abengoa mediante escrito dirigido al Consejo de Administración con fecha 23 se septiembre de 2015 como consecuencia de haber sido cesado como Presidente Ejecutivo y como parte de ciertos compromisos asumidos por la Sociedad con ciertas entidades financieras. El cese de D. Felipe Benjumea se produce por tratarse de una exigencia innegociable de los bancos aseguradores y financiadores en el marco de una ampliación de capital que la Sociedad tenía la necesidad de abordar".
El juicio contra Felipe Benjumea y el resto de exconsejeros acusados se ha enredado en el metalenguaje. Cese, renuncia, voluntario, involuntario, impuesto, recomendación... Todo para tratar de aclarar si la salida del expresidente fue o no impuesta por la banca. El caso es que cuando Abengoa se asomaba a la peor quiebra empresarial de la historia en España, cuando el grupo se disponía a despedir a miles de empleados, su presidente abandonó el barco con más de 15 millones de euros en el bolsillo. Los jueces podrán condenar o absolver a los acusados, pero éticamente la sentencia es clara. Aunque como decía Wittgenstein, "Lo que puede mostrarse no puede decirse".