La Fiscalía Anticorrupción no investigará a los ‘políticos giratorios’. El Ministerio Público ha desestimado la denuncia presentada el pasado 3 de junio por la Plataforma Ciudadana por un Nuevo Modelo Energético para que evaluara la posible existencia de “indicios de tipicidad penal” en las actuaciones de un nutrido grupo de ex altos cargos que, tras su paso por la cosa pública, han dado el salto al sector energético.
Según fuentes de la plataforma que promovió la denuncia, un heterogéneo colectivo en defensa de las energías renovables, Anticorrupción no ha apreciado indicios de delito, por lo que ha decidido no instruir ningún tipo de diligencia.
No obstante, el Ministerio Público todavía tiene que pronunciarse sobre la ampliación de la denuncia presentada en julio pasado en la que la plataforma solicitaba a la Fiscalía que investigase por qué el último Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero dejó prescribir en 2010 más de 3.700 millones de euros que las eléctricas habrían cobrado de más en concepto de Costes de Transición a la Competencia (CTC), las multimillonarias ayudas concedidas al sector en tiempos de José María Aznar para compensarles por los perjuicios que, supuestamente, les iba a acarrear la apertura del mercado.
La denuncia desestimada por Anticorrupción citaba cerca de 25 casos de cargos públicos y parientes de políticos en activo que han fichado por el sector energético (sobre todo, eléctricas) en los últimos años, un listado que se ha ampliado con la crisis y del que apenas se han caído nombres en los últimos meses. Sólo Felipe González ha anunciado recientemente que dejará el consejo de Gas Natural por "aburrimiento", mientras Endesa ha confirmado esta misma semana que sigue contando con Aznar como asesor.
La denuncia instaba a investigar “la aprobación de distintas normas por parte de autoridades pertenecientes a diferentes Gobiernos y Ministerios de Industria, que pudieran ser constitutivos de los delitos de prevaricación y de tráfico de influencias”.
La denuncia desestimada por el Ministerio Fiscal recabó más de 90.000 adhesiones en Internet en apenas unos días
El escrito denunciaba el maltrato a las energías limpias en favor de las grandes eléctricas por parte de expresidentes del Gobierno, exministros, exsecretarios de Estado y parientes de dirigentes políticos que, “con sus actuaciones absolutamente arbitrarias, tendenciosas e injustas están perjudicando hasta la extenuación a un extenso número de pequeños empresarios y a varios millones de consumidores en aparente beneficio de un pequeño número de compañías del sector”.
La iniciativa, que recabó en apenas unos días más de 90.000 adhesiones de apoyo en Internet, se apoyaba en informaciones de prensa, comunicaciones de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) e información pública de las compañías del sector para apoyar sus reclamaciones. Lamentaba, entre otras actuaciones, “la diferencia de trato” que, desde el punto de vista de los denunciantes, recibió el sector de las energías renovables con respecto a las grandes eléctricas, supuestas beneficiarias, durante la segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero y con Miguel Sebastián al frente de Industria.
También criticaba actuaciones de los dos Gobiernos populares, como la creación, a principios de la pasada década, del déficit de tarifa eléctrico ("una deuda privada de muy dudosa procedencia"), los CTC y, ya en la actual legislatura, la moratoria a las primas a las renovables o las negociaciones para mantener abierta la central nuclear de Garoña.
La iniciativa, que obviaba los fichajes de expolíticos que, al otro lado del ring energético, también han hecho grupos de renovables como Acciona o Abengoa, puso en una posición complicada al PSOE, que inicialmente figuraba como miembro de la plataforma que pedía investigar, entre otros, a González, Pedro Solbes o Elena Salgado. Tras la presentación de la denuncia, los socialistas se borraron de forma fulminante de la plataforma, a la que se habían adherido en octubre de 2012.
