El Ministerio de Fomento negocia con la Comisión Europea para disuadirla de su intención de proponer la liberalización en todos los países de la Unión de los servicios de transporte público por carretera. El director general de Transportes, Jaime del Moral, ha confirmado a este diario que ha remitido a su homólogo en Bruselas, Eddy Liegeois, un informe con el cual pretende justificar que el caso español -donde las administraciones son titulares de las líneas, que las empresas de autobuses explotan en régimen de concesión- es específico por sus condicionantes geográficos y demográficos y que no puede ser modificado en base a criterios de otros países de Europa.
La Comisaria de Transportes de la UE, Violeta Bulc, está trabajando en un paquete de movilidad en dos fases, una de ellas sobre transporte por carretera que pretende publicar a lo largo de otoño. De ahí las prisas que se está dando el Gobierno español, que se encuentra solo en este empeño (en la Unión, sólo algunos territorios de la Laponia finlandesa tienen una densidad de población tan baja como las zonas interiores de España, por lo que la liberalización de líneas es más factible en el resto de países).
Las rutas de autobuses que posee Fomento valen 310 millones al año y la mitad son deficitarias
"En países europeos como Alemania, Italia o Francia, el servicio público de transporte lo está llevando a cabo sobre todo el tren, y en esos núcleos de población donde no llega la gente se desplaza con su vehículo particular y no está acostumbrada a tener transporte. En España no tenemos esa red ferroviaria pero la ciudadanía se ha acostumbrado a un buen servicio público de autobuses. La mayoría de las localidades, por pequeñas que sean, cuentan con sus líneas de autobuses que funcionan en régimen de concesión", ha dicho a este periódico Del Moral durante unos encuentros organizados por la patronal Confebús en Santander sobre el futuro de la movilidad colectiva.
Por ello, en el informe que ha enviado a Liegeois, al que ha tenido acceso este diario, justifica el modelo español, donde "la filosofía es combinar en un mismo contrato tráficos rentables con otros que claramente no lo son", de tal forma que la rentabilidad de unos compense las pérdidas de otros. Para que esto funcione, asegura, el contratista debe tener exclusividad. Fomento es titular de líneas por valor de 310 millones de euros anuales, de las cuales la mitad son deficitarias.
"El conjunto de la red se vendría abajo si abriésemos las rutas rentables al libre mercado"
El informe considera que hay rutas que sí que darían beneficios, pero igualmente no se podría abrir las mismas al libre mercado, "porque si fuesen excluidos de los actuales contratos de servicio público, el conjunto de la red se vendría abajo". Según indica el director general de Transporte, en Bruselas están dispuestos a escuchar al Gobierno español antes de emitir directrices que afectaran a su mercado.
El caso de Castilla y León
Precisamente el homólogo castellano-leonés de Del Moral, Ignacio Santos, ha aportado datos para explicar por qué el transporte por carretera en su región no puede bajo ningún concepto manejarse exclusivamente con criterios de mercado. Si Europa tiene una densidad de población de 116 habitantes por kilómetro cuadrado y España de 92, Castilla y León se queda en 26 habitantes/km2. Esto hace que la Junta tenga que repartir de forma equilibrada sus más de 100 concesiones y aportar dinero público para el mantenimiento de las mismas, cubriendo su déficit con presupuestos.
Santos ha recordado que las concesiones de autobuses son en muchos casos las mismas que, viniendo de los años 40, se renovaron en los 80. Por eso muchas de ellas no están adecuadas al tejido demográfico actual y deben reformularse.
