Fiolasa y Sargo Consulting, las dos empresas que administraba Carmen Franco, fallecida el pasado 29 de diciembre, han modificado el órgano de administración para que los siete nietos de Francisco Franco -Carmen, María de la O, Francisco, María del Mar, José Cristóbal, María Aranzazu, y Jaime Felipe- pasen a formar parte de sus respectivos consejos de administración, como ha sido publicado esta semana en el Borme.
En el último ejercicio fiscal de Fiolasa, cerrado en octubre de 2016, cuyas cuentas están disponibles en Registro Mercantil, la empresa, constituida en 2002 y dedicada al alquiler de bienes inmuebles, registró un beneficio de 120.000 euros e ingresos de explotación superiores al medio millón de euros. La sociedad finalizó el ejercicio con un patrimonio valorado en 20,4 millones de euros.
Sargo Consulting, creada también en el año 2002, para la gestión de participaciones y asesoramiento, cerró su ejercicio 2015-2016 con pérdidas de 35.322 euros. De acuerdo a las últimas cuentas de la sociedad, a las que este diario ha accedido a través de Insight View, la empresa tiene inversiones en empresas vinculadas e instrumentos de patrimonio por importe de 16,7 millones de euros. La firma terminó ese ejercicio con una deuda a corto plazo de 0,7 millones y fondos propios de 17 millones de euros.
La familia Franco demandó a sus socios en una de las empresas administradas por Carmen Franco
En el caso de Fiolasa, ha sido José Cristóbal Martínez-Bordiú Franco el designado como presidente de la sociedad. En el de Sargo Consulting, han sido Francisco Franco Martínez Bordiú -el primer hijo varón de Carmen Franco se cambió el orden de sus apellidos-, María del Mar, José Cristóbal, y Jaime Felipe, los que han sido nombrados apoderados de la firma. Ambas empresas están domiciliadas en el mismo edificio de la calle Hermanos Bécquer, en Madrid, en el que residía Carmen Franco.
Los nietos del dictador administran otras sociedades con patrimonios que suman varios millones de euros. El contenido de algunas de las cuentas de las empresas familiares exponen líos tributarios y desavenencias con sus socios.
Francisco Franco Martínez Bordiú ocupa puestos de consejero o presidente en las sociedades Montecopel, Estacionamientos Urme o Proazca. De acuerdo a las últimas cuentas de Montecopel, dedicada al alquiler de bienes inmuebles, domiciliada también en Hermanos Bécquer, la empresa contaba al término de 2016 con fondos propios de 12,3 millones de euros y pérdidas de 336.388 euros y deudas a corto plazo por importe de 3,3 millones.
Sanción de Hacienda y demanda
El primer hijo varón de Carmen Franco y su madre administraban conjuntamente Centro de Agentes Unidos del Calzado Español. En noviembre de 2016 fue nombrado administrador único Jaime Martínez Bordiu Franco. Las últimas cuentas disponibles de la sociedad en Registro Mercantil son del año 2014.
La empresa, domiciliada también en Hermanos Bécquer, con fondos propios en 2014 de 4,2 millones, y que tiene como objeto social el alquiler de bienes inmuebles y la representación de firmas de calzado, explica en esas cuentas que la sociedad fue sancionada en el año 2008 por la Agencia Tributaria por actas de inspección de IVA de los ejercicios 2002 y 2003 con 50.739 euros.
La compañía asegura en sus cuentas que las actas de inspección se producen como consecuencia de que Hacienda considera que el IVA correspondiente a obras de reparación son anteriores al contrato de alquiler "lo que no es cierto ya que dichas obras tuvieron lugar durante el periodo de carencia de renta (...)". La empresa recurrió las actas de inspección.
La empresa añade que en 2014 se procedió a realizar "una complementaria del impuesto de sociedades de 2012" debido al conocimiento de que con fecha 27 de noviembre de 2012 se produjeron compras y ventas de participaciones por parte de parte del consejo de administración que no se comunicaron ni a los responsables de la contabilidad ni al resto del consejo de administración y cuya responsabilidad, si la hubiese, se depurará como en derecho proceda". Las cuentas de 2014, firmadas por Carmen Franco Polo y Francisco Franco Martínez-Bordiú, terminan advirtiendo que se está "considerando la posibilidad de petición de responsabilidades a los responsables de dichas actuaciones".
La familia Franco denunció a sus socios en la empresa, Francisca Carbonell, Juan Carlos Santos Dutrey y Pedro José Mejías Villatoro. La sociedad señala en sus cuentas de 2014 que la reclamación de Hacienda y los recursos se presentaron "no habiendo sido informada ni esta sociedad ni los órganos de administración ni la persona que lleva la contabilidad, ni teniendo la documentación, fallos o recursos al ser llevado todo ello por el despacho de Pedro Mejía a pesar de habérsele solicitado reiteradamente información sobre ello".
