María Dolores Amorós, ex directora general de la CAM, ha decidido demandar a la entidad por su salida de la caja alicantina. La antigua gestora reclama que se considere como despido improcedente la decisión que tomaron los gestores del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) tras la intervención de la entidad con el objetivo de poder percibir una pensión vitalicia de 370.000 euros anuales. La vista tendrá lugar la última semana de febrero en las instalaciones de los juzgados de lo Social de Alicante.
Las posturas entre la ex gestora y la CAM no han hecho más que enrocarse desde el pasado verano. "Sabíamos que Amorós llegaría hasta el final porque se está jugando mucho dinero. Ella no quiere el reingreso en la entidad sino los más de 30.000 euros mensuales que recibiría de por vida", aseguran desde un despacho de la caja alicantina. En el entorno de Amorós, que tramitó en octubre su prestación por desempleo, no se quiso entrar a valorar la situación ante la llamada de este medio.
"Nos reafirmamos en el comunicado que envió María Dolores a EFE en septiembre", explican. En ese documento, la ex directora general de CAM negaba haber cometido irregularidad alguna, y «mucho menos de forma ilegal», durante sus años en la caja de ahorros, al tiempo que destacó que su actuación fue siempre «leal, recta, transparente y ajustada a derecho». Además, lamentó el «ataque insólito e injusto» que, en su opinión, está sufriendo su «crédito profesional, su honor personal y su propia dignidad», a la vez que recordó que las retribuciones inherentes al puesto de director general fueron acordadas por los órganos competentes «con años de antelación» a su nombramiento, a finales de 2010».
Los interventores del Banco de España acordaron el despido de Amorós al considerar que la ex directora general "actuó en beneficio propio al calcular su propia pensión vitalicia", así como por "falsear las cuentas para ocultar la debilidad financiera de la entidad" y por llevar a cabo una "deficiente gestión".
En el acto de conciliación, los abogados de la CAM sostuvieron que el despido era procedente para así evitar el pago de la pensión. El contrato de Amorós recogería que este derecho se pierde al ser objeto de un despido disciplinario. La directiva sólo recibiría la indemnización correspondiente a la parte proporcional del año hasta el despido.
María Dolores Amorós asumió la dirección general de CAM en noviembre de 2010 y el 10 de agosto de 2011, una vez intervenida la entidad, los interventores la destituyeron temporalmente de sus competencias, si bien hasta septiembre seguía cobrando su sueldo.
La ex directora general acordó en noviembre de 2010 una retribución anual de 593.040 euros, y unos 30 días después, cerró su contrato y pactó con el presidente de CAM, Modesto Crespo, su pensión, con una prestación vitalicia asegurada de 30.791 euros al mes, lo que elevaría esta cuantía a 369.497 euros anuales.
Paralelamente a este proceso, la Fiscalía Anticorrupción prosigue con las diligencias de investigación para esclarecer las circunstancias en que se ha producido el despido de Amorós, y si la adjudicación de una pensión vitalicia de 370.000 euros por su cese puede ser constitutiva de delito.
