Optimismo no es precisamente la palabra más repetida durante las últimas semanas en Gas Natural cuando se habla de sus negocios en Colombia. La compañía afronta este lunes una última reunión con el Gobierno local, apenas 24 horas antes de que este tome una decisión definitiva sobre el futuro de Electricaribe, filial del grupo español que permanece intervenida desde mediados de noviembre. Es uno más de los encuentros en la cumbre que se han venido celebrando desde entonces. Lo alejado de las posiciones reduce las opciones de un acuerdo satisfactorio para ambas partes.
Este martes finaliza el plazo para mantener intervenida Electricaribe, después de la prórroga decretada por el Gobierno colombiano a mediados del pasado enero. Será dentro de escasas horas cuando la Superintendencia de Servicios del país latinoamericano tenga que informar sobre la decisión adoptada: el regreso de la compañía a la gestión de su propietaria o su liquidación ordenada para dar paso a otro operador en la zona del Caribe.
Al mencionado encuentro asistirán, en principio, el ministro colombiano de Minas y Energía, Germán Arce, y el director de Gas Natural en América, Sergi Aranda. El pasado viernes aún se hacían cábalas sobre la posibilidad de que también estuviera presente el consejero delegado del grupo español, Rafael Villaseca, una opción que no está confirmada.
Porque desde que se prorrogó la intervención las posiciones de ambas partes en su camino hacia un posible acuerdo no han registrado significativos avances. De hecho, tal y como está planteado, el encuentro de este lunes servirá para ratificar que no es posible el pacto y que tendrán que ser los tribunales internacionales de arbitraje los que diriman esas diferencias. De modo que, con este escenario, elevar el carácter de la reunión no parece la mejor de las ideas.
Las bases de la negociación
En su visita a Colombia de hace un mes, el presidente de Gas Natural, Isidro Fainé, expuso al presidente de la nación, Juan Manuel Santos, la postura de la compañía: sólo retomaría el control de Electricaribe si el Ejecutivo se comprometía a introducir las modificaciones necesarias para que la empresa pudiera luchar contras los problemas de la mora y el fraude, que son los que la han llevado a la situación en la que ahora se encuentra.
Unos problemas que el propio Gobierno colombiano ha podido comprobar de primera mano durante los meses en los que se ha hecho cargo de la gestión de Electricaribe. En este periodo, el Ejecutivo ha cortado el suministro eléctrico a varios ayuntamientos de la región debido a las elevadas deudas que mantenían con la compañía. Del mismo modo a actuado con instituciones que se encuentran en parecida situación como escuelas y hospitales, pese a que las leyes locales prohíben terminantemente tomar este tipo de medidas.
Del mismo modo, el Gobierno ha llegado a acuerdos con determinados barrios, muchos de ellos de rentas muy bajas (los denominados en Colombia barrios subnormales), para establecer restricciones de suministro eléctrico en función de la tasa de morosidad que presentaran con Electricaribe.
Medidas que el Ejecutivo se ha visto forzado a tomar pero que no permitía poner en práctica a la compañía y que tampoco está dispuesto a que sea así si Gas Natural volviera a tomar el control de su filial colombiana.
Un agujero de 1.200 millones
Cuando a mediados de noviembre fue intervenida, Electricaribe acumulaba una mora del orden de los 1.200 millones de euros. De ellos, unos 165 millones fueron recientemente sacados del balance por el Gobierno al ser considerados como "incobrables" o "irrecuperables". Cerca de otros 700 millones de euros llevan camino de correr la misma suerte, toda vez que se corresponden con facturas no pagadas y vencidas hace más de seis meses.
El avance de las negociaciones ha sido tan escaso que el pasado jueves saltaron las alarmas en Gas Natural después de que la Superintendencia de Servicios convocara de la noche a la mañana a la prensa local para dar a conocer un anuncio de relevancia para todo el país. Finalmente, el organismo anunció una cuantiosa multa a una compañía por un asunto que nada tenía que ver con Electricaribe. Sin embargo, por unas horas se temió lo peor. Algo que habla a las claras de lo que complicado que se presume el entendimiento entre las partes.
