El Gobierno y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia han iniciado maniobras para evitar las sanciones con la que amenaza la Comisión Europea como consecuencia del control sobre varios conceptos de la factura de la luz que ejerce el Ejecutivo. Ambas partes han constituido un grupo de trabajo para negociar la transferencia de competencias que Moncloa deberá realizar al regulador para cumplir con la normativa comunitaria, según han explicado a Vozpópuli fuentes de la CNMC.
Este comité está conformado por representantes del Ministerio para la Transición Ecológica y de la propia CNMC; y se encargará de determinar las competencias en energía que por ley le corresponden al súper-regulador, así como los recursos de los que deberá disponer para ejercerlas de forma eficiente.
Fuentes de Competencia inciden en que los primeros contactos entre las partes ya han tenido lugar y que la voluntad es la de solucionar esta situación en el menor plazo posible.
El comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, recordó recientemente en un desayuno informativo que España se encuentra amenazada por cinco procedimientos sancionadores en materia de energía; y que uno de ellos tiene que ver con la competencia sobre los peajes de acceso al sistema eléctrico. A este respecto, dejó entrever que el Gobierno dispondrá de un plazo de seis meses para solucionar esta situación si no quiere arriesgarse a ser multado, aunque expresó su satisfacción con los planes que le habían trasladado unas horas antes desde el Ministerio encabezado por Teresa Ribera.
La guerra contra Nadal
No hay que olvidar que la CNMC mantuvo un litigio abierto contra el Ejecutivo anterior, después de que el pasado octubre aprobara un Real Decreto en el que le arrebataba varias de las competencias que ejercía en materia energética.
En virtud de su contenido, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, comandado por Álvaro Nadal, asumía las inspecciones y liquidaciones del sector eléctrico, así como la supervisión del sector de hidrocarburos líquidos y el control del sistema de certificados de biocombustibles.
El Real Decreto también facultaba al departamento ministerial para elaborar propuestas sobre regulación y, en su caso, para aprobar tarifas, precios de productos energéticos y peajes, cánones, cargos, así como la retribución de las actividades llevadas a cabo en el marco del sector energético.
El regulador recurrió esta norma porque consideraba que vulneraba la directiva europea sobre el mercado interior de la electricidad (Directiva 2009/72/CE), que en su artículo 37.1 señala que estas funciones le corresponden a la autoridad reguladora de cada Estado miembro. En el caso de España, a la CNMC.
La factura politizada
El presidente del súper-regulador, José María Marín Quemada, ha reclamado en varias de sus intervenciones públicas la devolución de la competencia sobre los peajes de acceso al sistema eléctrico a la CNMC para evitar que las decisiones políticas afectaran a la factura de la luz. Sin embargo, el anterior Gobierno rechazó sus peticiones, lo que motivó un enfrentamiento con Álvaro Nadal.
El Ministerio liderado por Teresa Ribera expresó recientemente en una nota de prensa su intención de devolver estas atribuciones a la CNMC, lo que fue bien recibido por Arias Cañete. En caso de que ambas partes lleguen a un acuerdo, parece se alejará el fantasma de una posible sanción económica a España.
