La batalla diplomática y empresarial que se librará en las próximas semanas en el sector de la aviación comercial será intensa. Francia (Air France), Alemania (Lufhtansa) y Países Bajos (KLM), por un lado, y Reino Unido y España (IAG), por otro, tratarán de influir en la decisión que tomará la Comisión Europea en caso de que se produzca un brexit duro.
Según ha podido saber Vozpópuli a través de fuentes gubernamentales, el Gobierno de Pedro Sánchez centrará sus esfuerzos en convencer a los comisarios bruselenses de que IAG es una compañía sita en la Unión Europea y, por tanto, no debería verse afectada en caso de que los británicos abandonen la unión sin acuerdo entre las partes.
El contexto en el que se desarrollan las acciones diplomáticas del Gobierno español no es precisamente cómodo, dada la posición de fuerza de las compañías francesa, alemana y neerlandesa en este caso, en el que los cimientos de la UE se han visto afectados por las ansias de secesión de los británicos.
"Iberia es la principal quebradero de cabeza en este proceso", explican fuentes del Ejecutivo a este medio. En este marco, tanto el Ejecutivo español como los principales ejecutivos de IAG -Antonio Vázquez- e Iberia -Luis Gallego- se han encontrado con una situación compleja para tratar de minimizar el impacto del brexit en estas aerolíneas, explican fuentes cercanas a IAG.
Una decisión hostil de la Comisión dejaría muy tocada a Iberia, pues podría implicar la pérdida de sus derechos de vuelo en la Unión Europea
Una decisión hostil de la Comisión dejaría muy tocada a Iberia, pues podría implicar la pérdida de sus derechos de vuelo en la Unión Europea si no logra demostrar que la mayoría de sus acciones pertenecen a empresas con sede en territorio comunitario. En este escenario, perdería el hub del Aeropuerto de Madrid-Barajas, donde IAG cuenta con múltiples conexiones para prestar su servicio aéreo en América Latina.
Esto afectaría ostensiblemente al aeródromo madrileño, que es líder europeo en conexiones con el subcontinente americano. Las presiones ejercidas por Lufthansa y Air France -que se han producido también desde las embajadas francesa y alemana- se realizan a sabiendas de que su negocio podría mejorar en caso de que Iberia no pudiera operar estas rutas desde la T4.
IAG
En las próximas semanas, el Ejecutivo defenderá a capa y espada en la Comisión que IAG es una compañía española, cuya sede social está en Madrid. También argumentará que las aerolíneas del grupo tiene sólidos negocios en Irlanda, Francia, Austria y España, y brinda empleo y servicio a "decenas de miles de ciudadanos europeos" a través de su flota de 546 aviones. Tanto de Iberia como de Vueling o Air Lingus.
Oficialmente, desde la compañía británica aseguran que, en caso de un brexit hostil, "cualquier intento de frustrar la competencia afectará a los consumidores europeos, elevará las tarifas, causará pérdidas de empleos y perjudicará a las economías europeas". Por su parte, Air France y Lufhtansa han preferido no dar su valoración ante la consulta de este medio.
El Ejecutivo defenderá a capa y espada en la Comisión que IAG es una compañía española, cuya sede social está en Madrid.
La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, indicó el pasado 11 de enero que que no prevé "ninguna repercusión negativa" para las empresas españolas ante el brexit, sea con o sin acuerdo, y que tienen "buenas perspectivas" para el sector turístico y para empresas de grupos como Iberia. Fuentes del Ministerio de Fomento dijeron entonces a Efe que Iberia es una compañía aérea española con "licencia de explotación emitida de acuerdo a la normativa europea.
Sin embargo, la situación que se han encontrado España y Reino Unido en la Comisión Europea no ha sido favorable, lo que hace temer que, en caso de brexit 'a las bravas', el negocio de Iberia se vea afectado.
La postura de la Comisión
La Comisión Europea fue contundente en este sentido el pasado 19 de diciembre. Según explica su plan de acción de contingencia, "si el acuerdo de salida no se ratifica, el tráfico aéreo entre la UE y el Reino Unido se interrumpirá a partir de la fecha de retiro".
Bruselas sólo permite conectar países miembros de la Unión y vuelos domésticos en estos países a las aerolíneas que cumplan dos condiciones: propiedad y control domiciliado en la Unión Europea. Iberia tiene certificado de operador español y cumple el primer requisito de la UE, pero no el segundo. La aerolínea tiene sus derechos políticos repartidos en un 50,01% a Garanair propiedad de El Corte Inglés, y un 49,9% a IAG. Por su parte, los derechos económicos pertenecen a la matriz con sede en Londres.
