La avalancha de demandas por Banco Popular está ralentizando el proceso. Ninguno de los grandes accionistas que ha interpuesto medidas legales espera obtener resultados antes de 2019. Sobre todo a través de la vía internacional (demandas en Luxemburgo y arbitrajes). En España el proceso es más incierto, a la espera de qué decide la Audiencia Nacional sobre la posible anulación de la venta del Popular a Santander.
De momento, la vía más explorada por los grandes inversores son los recursos contra la decisión de la Junta Única de Resolución (la JUR, el Frob europeo) y la Comisión Europea en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). El plazo expiraba en agosto, por lo que más de 50 inversores presentaron recursos ante la justicia comunitaria, salvo grupo chileno Luksic, que cree presentará la suya en unos días. En total, estos inversores reclaman en Europa en torno a 2.000 millones de euros.
Fuentes consultadas de los demandantes explican que el proceso europeo tardará como mínimo 18-24 meses. "El TJUE nunca hasta ahora se había visto con un proceso con 50 demandas de este calibre. Hasta que las ordene y sepa qué hacer con ellas va a pasar mucho tiempo", apunta el abogado de uno de los grupos demandantes.
Tras la presentación de las demandas, la Junta Única de Resolución y Bruselas tienen dos meses para presentar sus escritos de defensa. Posteriormente, hay otros dos meses para réplicas de las acusaciones. Y tras este periodo, se abre un nuevo plazo de dos meses para que el Gobierno español exponga su postura -la dúplica-. Todo ello podría hacer que no haya un posicionamiento de la justicia europea hasta mitad de 2018, momento en el que podría comenzar a citar testigos.
Petición de información
Los demandantes quieren aprovechar este proceso para exigir documentación hasta ahora secreta sobre la resolución de Popular, como el informe de valoración de Deloitte y el informe completo sobre la decisión de la JUR.
Europa se ha negado hasta ahora a dar la información alegando que "podría tener un efecto adverso en el mercado", ya que los inversores tendrían demasiadas pistas de cómo actúa la JUR. Inversores consultados por este medio señalan que "la que más pistas dio fue Elke König [presidenta de la JUR] apuntando a la resolución del Popular, lo que aceleró la fuga de depósitos". Europa todavía tiene que atender distintas peticiones de información en los próximos días.
Otra de las vías que se están explorando es la del arbitraje internacional. Los mexicanos Del Valle ya han anunciado que estudian esta medida. Si es así, mandarán un escrito al Gobierno español antes de final de año, y si no hay acuerdo antes de junio presentarán una demanda internacional ante el CIADI. El juicio podría desarrollarse en Washington o París y ya hay precedentes similares con un pequeño banco checo. Los Luksic se podrían sumar a esta vía.
En España las vías judiciales abiertas son tres: los recursos contra la decisión del Frob, que han presentado varios inversores; la petición de medidas cautelares para anular la venta del Popular a Santander; y la vía civil, que todavía no se ha abierto y que puede llevar algo más de un año.
