La aerolínea angloespañola IAG no cederá ante el sindicato de pilotos Sepla y ha puesto como fecha límite el 31 de enero. Si para entonces no han llegado a un acuerdo, están dispuestos a forzar el cierre de Iberia y quedarse sólo con la filial de bajo coste Iberia Express y con Vueling.
Iberia ha puesto sobre la mesa un ajuste de plantilla de 4.500 empleados. Su idea central consiste en recuperar la rentabilidad de la compañía para poder operar frente a las low-cost y competir en Latinoamérica. Según la empresa, en la actualidad los costes de los vuelos de corto y medio radio duplican a los de los competidores. Y en el largo radio se elevan entre un 10 y un 25 por ciento más que los de los rivales.
Fuentes empresariales revelan que hay buena disposición para negociar con CCOO y UGT. Incluso admiten que se podría aplicar algún tipo de ERTE con rebajas de sueldos que aminoren el golpe. Además, se muestran abiertos al mantenimiento de algunas líneas que se consideren estratégicas para el turismo, tal y como demandan algunos sectores del Gobierno.
Sin embargo, interpretan que el Sepla se mostrará inflexible y que con ellos no habrá margen para llegar a un acuerdo. Así que el conflicto con los pilotos parece inevitable.
Los sindicatos denuncian que hay una estrategia para vaciar Iberia; que no se ha renovado la flota a tiempo con el objeto de ahorrar en combustible; y que los contratos de suministro se han diseñado mal.
Al mismo tiempo, la ministra de Fomento, Ana Pastor, se ha posicionado más cerca de las posturas de los pilotos. Algunas fuentes cercanas al Ejecutivo apuntan en privado lo mismo que los sindicatos: “El presidente de IAG e Iberia, Antonio Vázquez, y el consejero delegado de Iberia, Rafael Sánchez-Lozano, pretenden dejar Iberia como una patena para los ingleses”.
Y estos segmentos del Gobierno han estado barajando distintas posibilidades. Una de ellas era aprovechar que tienen las acciones de Bankia y la Sepi para imponer un cambio en la dirección. Sin embargo, sólo se puede renovar un tercio del Consejo cada cuatro años.
Otra opción consiste en disolver la fusión. Pero en ese caso el Gobierno se arriesga a quedarse con Iberia y tendría que asumir unas pérdidas que en este ejercicio ascenderán a los 350 millones, según fuentes de la empresa. Para colmo, Aena también encajaría mayores números rojos.
Tanto algunas voces del Gobierno como analistas coinciden en señalar a Vázquez y Sánchez-Lozano por la gestión: “Le dan demasiada importancia a la coyuntura económica. Se han dormido en los laureles y no han emprendido los ajustes a tiempo. Del aumento del 8 por ciento del tráfico que se ha dado en Latinoamérica, Iberia sólo se ha llevado un punto”, comentan.
En el arbitraje que tuteló Manuel Pimentel se estuvo cerca de alcanzar un consenso. De hecho, el exministro de Empleo pidió una semana más. Sin embargo, en opinión de algunas fuentes del sector, Vázquez y Sánchez-Lozano se precipitaron al no concederla y seguir adelante con Iberia Express.
En los últimos días, Sánchez-Lozano ha llegado a sugerir al Gobierno que se podrían retirar de la T-4, donde se han invertido 6.000 millones que aún hay que amortizar.
No obstante, semejante suerte de chantaje también se antoja imposible. Los derechos de vuelo de Iberia en la T-4 son estratégicos para British Airways, pues la expansión de Heathrow no puede llevarse a cabo y precisan de más espacio para crecer.
