Indra ha contratado los servicios del bufete Sagardoy para negociar y gestionar el primer ERE de su historia como compañía privada (desde mediados de los años noventa). El grupo presidido por Fernando Abril-Martorell informó la pasada semana en un comunicado publicado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores que en el marco "de un plan general de optimización de costes y proyectos" había decidido "iniciar formalmente el proceso para llevar a cabo un ajuste de plantilla en España a través de un procedimiento de Despido Colectivo". La compañía todavía no ha precisado el número de despidos, que diversas fuentes cifran entre 1.000 y 1.500 trabajadores.
Sagardoy Abogados, fundado en 1980 por Juan Antonio Sagardoy, es uno de los principales despachos españoles especializados en Derecho del Trabajo, y cuenta con 50 profesionales dedicados a asuntos jurídicos-laborales. El bufete ha trabajado para grandes compañías en procesos de reestructuración como Bankia, Novagalicia, Merck, Vodafone o Coca-Cola Iberian Partners. El Gobierno de Mariano Rajoy le contrató para elaborar la reforma laboral aprobada en 2012.
Indra pretende finalizar el proceso de despidos planteado en España antes de que termine el próximo mes de agosto. La multinacional tecnológica prevé iniciar la próxima semana las negociaciones con las representaciones sindicales y una vez constituida la mesa de negociación apurar los 30 días que marca la ley para hacer efectivo el ERE, de acuerdo a fuentes sindicales. Por parte de la compañía los máximos ejecutivos de Recursos Humanos y Relaciones Laborales se sentarán en dicha mesa.
"No están dando casi información", denuncian fuentes sindicales consultadas. "No nos han dado todavía un número de despidos, sabemos que será en toda España, pero no nos han dicho en que puestos o filiales, lo que sabemos es que tienen prisa por cerrar el proceso cuanto antes", señalan.
Indra registró en el ejercicio 2014 pérdidas por 92 millones de euros frente a un beneficio de 116 millones en 2013. La deuda del grupo se situó en los 663 millones, un millón más que un año antes. El pasado 29 de enero el grupo, que tiene como primer accionista a la Sepi, con el 20%, nombró presidente en sustitución de Javier Monzón a Abril-Martorell. La compañía, en cuyo capital también participan Corporación Financiera Alba y Telefónica, cerró el jueves a 9,05 euros por acción tras caer un 2,46%.
