La ministra de Fomento, Ana Pastor, ve como, poco a poco, todos los esfuerzos que llevó a cabo y las luchas, incluso contra miembros del propio Gobierno, que mantuvo para sacar adelante la privatización de AENA, se vienen abajo incluso después de haber concluido el proceso. El acuerdo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para modificar la propuesta de tarifas de la compañía para 2016, que incluye una rebaja del 3,5%, supone un disparo en la línea de flotación del gestor aeroportuario y todo apunta a que la única forma de evitarlo sería que la Audiencia Nacional aplicara las medidas cautelares solicitadas tanto por la compañía como por sus dos mayores accionistas: el Estado (que, a través de Enaire, mantiene el 51% del capital) y el fondo TCI (que posee un 11%).
La rebaja tarifaria reduce de forma notable el atractivo de AENA hasta el punto de que estudios económicos encargados por TCI cifran en unos 1.000 millones de euros el impacto negativo total de la medida, teniendo en cuenta que, a partir de 2016, las tarifas quedarán congeladas durante diez años. Por su parte, la compañía, que anunció que presentará alegaciones contra el acuerdo de la CNMC, adelantó que el nuevo escenario rebajaría un 3,5% sus cifras de Ebitda, que a cierre de 2014 se situaron por encima de los 1.800 millones de euros.
AENA cuenta hasta el próximo 13 de julio para presentar alegaciones, aunque lo más probable es que no agote el plazo, toda vez que el Gobierno trata de acelerar los planes para los Presupuestos Generales del Estado con el fin de tenerlos listos cuanto antes con la vista puesta en las elecciones. La versión del sistema de tarifas que resulte de la decisión definitiva de la CNMC debe trasladarse a los Presupuestos y el Ministerio de Fomento no podrá modificarla.
De este modo, lo más probable es que a mediados de este mes de julio, la CNMC pueda hacer pública la resolución definitiva (la remitida a AENA el miércoles y anunciada este jueves por la compañía es de carácter confidencial). Así pues, en los próximos días se determinará el futuro del gestor aeroportuario. Fuentes del sector apuntan que será difícil que las alegaciones de AENA hagan modificar en exceso la postura de la CNMC, aunque otras también aclaran que todo está aún muy abierto.
La Justicia vuelve a cruzarse
La decisión de la CNMC va en contra del criterio de la ministra Pastor, que se ha posicionado en numerosas ocasiones a favor de no tocar las tarifas en 2016 y supone otro golpe en la línea de flotación de la privatización de AENA. Mientras, TCI sostiene que la CNMC no es competente para dictar el sistema tarifario y considera todo este proceso como ilegal.
Los recursos presentados en su día ante la sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional se convierten en el último asidero de Pastor para que el escenario vuelva a ser el inicial, ya que incluyen la petición de medidas cautelares contra la resolución del organismo de Competencia.
De este modo, la Justicia vuelve a cruzarse en el camino de AENA como ya sucediera a finales de 2014, cuando el Gobierno acudió a la Abogacía del Estado para que determinara si era necesario contar con una carta de conformidad del auditor a la hora de proceder a sacar a Bolsa la compañía. El organismo decidió en sentido positivo, lo que provocó un retraso de más de dos meses en la OPV.
Al frente del Ministerio de Justicia se encuentra Rafael Catalá, que trabajó codo con codo con Ana Pastor en la privatización de AENA desde su cargo de secretario de Estado de Infraestructuras hasta que, en septiembre de 2014, fue designado para sustituir a Alberto Ruiz-Gallardón. Es más, Catalá fue el primer presidente de Enaire, la compañía dependiente del Ministerio de Fomento, creada para actuar como matriz de AENA y gestionar el 51% que el Estado conserva en el gestor aeroportuario.
