El sector inmobiliario vuelve a dar trabajo a los jueces. La inmobiliaria cordobesa Prasa ha presentado una querella en la Audiencia Nacional contra el ex presidente de Metrovecesa Joaquín Rivero, al que acusa de generarle un agujero patrimonial de casi 200 millones de euros a través de presuntos delitos de estafa, falsedad en documento mercantil y falsedad contable.
La querella se presentó el pasado 23 de agosto directamente ante el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es el juez Santiago Pedraz, ya que el magistrado se ocupa también de la instrucción de la denuncia presentada en febrero de este mismo año por el FROB en defensa de los intereses del Banco de Valencia, en la que Rivero aparece como uno de los imputados.
En la querella, Prasa acusa a Rivero de incumplir un acuerdo que ambas partes firmaron en abril de 2007, en el que el empresario se comprometía a comprar la participación de la inmobiliaria cordobesa en la francesa Gecina a un precio determinado.
De acuerdo con el texto de la demanda, el empresario jerezano tan sólo hizo frente a una pequeña parte de esta deuda, por valor de 31 millones de euros, con pagarés y líneas de crédito cuyo pago no afrontó posteriormente alegando que eran falsos.
Sin consignar en las cuentas
Además, la querella también argumenta que Rivero nunca consignó en las cuentas de Alteco, su sociedad instrumental, el compromiso de compra de las ‘gecinas’ de Prasa. Este hecho motivó que cuando Alteco solicitó el concurso de acreedores, la inmobiliaria cordobesa no figuraba por ningún lado como acreedora.
El comienzo de la relación entre Prasa y Rivero data de 2006, en plena guerra por el control de Metrovacesa entre Rivero (que, por entonces la presidía) y su socio Bautista Soler, por un lado; y la familia Sanahuja, por otro. Rivero y Soler dieron entrada en el capital de Metrovacesa a Prasa, que compró un 3% por 274 millones de euros.
Poco después, la guerra por la inmobiliaria terminó con el acuerdo de separación: la parte española para los Sanahuja y la francesa para Rivero y Soler. En este punto, Rivero convence a Prasa para que, en lugar de vender su 3% de Metrovacesa (que hubiera reportado a la empresa cordobesa unos ingresos de 359 millones de euros) lo canjee por acciones de Gecina.
A cambio, Rivero le ofreció a Prasa firmar un acuerdo por el que se comprometía a recomprarle las acciones de Gecina y a un precio de 184 euros por título, muy por encima de la cotización de la compañía gala en ese momento, para compensar a Prasa el dinero que había dejado de ganar por no vender sus metrovacesas.
Refinanciación con Caja Madrid
De acuerdo con la denuncia, Rivero no ha cumplido su parte de adquirir las acciones de Gecina en poder de Prasa. En su día, pagó una parte de la deuda con una serie de pagarés y letras de cambio que, posteriormente, Prasa no pudo hacer efectivos por la negativa de Alteco, la cual estimó que estos documentos eran falsos.
Además, para adquirir en su día el 3% de Metrovacesa, Prasa solicitó un crédito de 276 millones de euros a Caja Madrid. Siempre según el texto de la querella, Rivero se comprometió a subrogarse este préstamo pero exigió antes que Prasa lo renegociara con Caja Madrid para extender el vencimiento a cinco años, con posible prórroga de dos más.
Para esta operación, la inmobiliaria cordobesa contó con el asesoramiento del consulting del ex ministro Eduardo Serra. Pero después de lograr cerrar la refinanciación, Rivero nunca se subrogó el préstamo.
Finalmente, Prasa vendió las ‘gecinas’ en el mercado pero a un precio muy inferior al pactado con Rivero. La compañía cordobesa estima que el incumplimiento de los compromisos le ha generado un agujero patrimonial cercano a los 200 millones de euros.
