José María Ruiz-Mateos, fallecido el lunes a los 84 años de edad, deja una herencia envenenada. Las condenas que ha ido acumulando el fundador de Rumasa, los procesos judiciales pendientes, y las quiebras de las empresas que formaban el conglomerado Nueva Rumasa dificultan que sus descendientes puedan disfrutar algún día del patrimonio que se le supondría al que fuera uno de los españoles más poderosos y ricos de los años sesenta del pasado siglo.
"José María no ha tenido nada a su nombre desde la expropiación de Rumasa", explica un abogado cercano a la familia Ruiz-Mateos. "Sus hijos no deberían poder heredar nada de su padre, todo está embargado, a no ser que haya dejado una cuenta en Suiza y algún día sus nietos puedan acceder a ella", comenta.
La mansión de Somosaguas (Madrid) donde se han criado los 13 hijos de José María Ruiz-Mateos y Teresa Rivero, valorada en siete millones en el año 2007, está cerrada a cal y canto desde hace casi ya dos años, al igual que otro chalé de la misma urbanización que poseía la familia. Los bienes declarados de los Ruiz-Mateos han sido embargados para hacer frente a las reclamaciones de acreedores de sus empresas o por las emisiones de pagarés efectuadas por Nueva Rumasa.
En enero de 2012, la policía registró durante todo un día la lujosa vivienda de Somosaguas por orden del juez Pablo Ruz, de la Audiencia Nacional, durante la investigación de las emisiones de pagarés de empresas de Nueva Rumasa. Un mes después el magistrado explicó en un auto que parte del dinero captado en las emisiones no tenían un destino claro.
Ese mismo año, a finales de marzo, el juzgado mercantil número seis de Madrid ordenó el embargo preventivo de bienes de la familia Ruiz-Mateos hasta alcanzar la cantidad de 681 millones de euros para cubrir el déficit patrimonial de Clesa, una de las compañías del grupo Nueva Rumasa, que se declaró en concurso de acreedores en 2011. A finales de ese año Ruiz-Mateos traspasó el conglomerado al empresario Ángel de Cabo, en prisión por el caso Marsans.
Solo las quiebras de las dos grandes compañías de Nueva Rumasa, Clesa y Dhul, sumaban deudas cercanas a los 1.500 millones de euros. La complejidad del entramado societario urdido por los Ruiz-Mateos, bajo el paraguas de Nueva Rumasa, ha complicado la labor de jueces y administradores concursales a la hora de reclamar las deudas o de controlar los activos.
Los administradores concursales explicaron en su informe que la sociedad no tenía "ningún libro de contabilidad"
La campaña de emisión de pagarés del grupo captó a más de 4.000 inversores y 385 millones de euros. La empresa que empleó Ruiz-Mateos para emitir los pagarés fue la misma que fundó en 1974 con la denominación social José María Ruiz-Mateos. En 2009, el año que comenzó la emisión de los pagarés, la empresa ingresó 60 millones de euros, cantidad que amplió hasta los 90 millones; dos años después estaba vacía. Los administradores concursales nombrados por el juez en el concurso de la empresa José María Ruiz Mateos explicaron en su informe concursal que la sociedad no tenía "ningún libro de contabilidad", y que probablemente los fondos con los que contaba fueron a parar a otra empresa de la familia. El pasado mes de febrero el juzgado de mercantil número 11 de Madrid condenó a María Ruiz Mateos y a su hijo Francisco Javier a abonar más de 92 millones de euros a los acreedores de la sociedad José María Ruiz Mateos.
De acuerdo a información elaborada en el transcurso de la investigación de la emisión de los pagarés, por la Audiencia Nacional, los Ruiz-Mateos poseían 26 terrenos, siete fincas, 21 chalés y tres naves industriales. Entre otros, terrenos en Reus (Tarragona), La Comarcal, valorados en 60 millones en el año 2009; y más de medio millón de metros cuadrados de terreno en Almuñécar (Granada), valorado en 59,7 millones.
Tras estallar los escándalos de los pagarés y las quiebras de sus compañías, el empresario jerezano ha vivido con su esposa los últimos años en un adosado en Pozuelo, aquejado de un fuerte párkinson. En silla de ruedas ingresó el pasado mes de junio en la cárcel de Soto del Real por un caso que se sigue en la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid. En enero sus dos hijos menores, Álvaro y Javier, ingresaron en la cárcel de Navalcarnero, condenados por delitos contra Hacienda y alzamiento de bienes, donde deberán pasar más de dos años. Otros dos de sus hijos, Pablo y Alfonso, fueron condenados a finales del pasado año a seis meses de prisión y multa de 700.281 euros por fraude contra la Hacienda Pública, y previsiblemente entrarán en la cárcel este año.
