Felipe Benjumea responsabilizará al grupo Santander de su cese como presidente de Abengoa para tratar de evitar los cinco años de prisión que el ministerio fiscal solicita para él por los delitos de administración desleal y apropiación indebida.
El que fuera principal accionista de la multinacional energética encara el lunes el inicio del juicio en la Audiencia Nacional por la millonaria indemnización que recibió poco antes de que el grupo solicitara preconcurso de acreedores. Una de las claves del juicio, será aclarar si Benjumea renunció voluntariamente a su puesto como presidente, o si fue un cese impuesto por la banca acreedora. En el primer caso, Benjumea no tendría derecho a percibir los más de 11 millones que cobró tras abandonar el cargo en concepto de indemnización; en el caso de que su cese hubiera sido impuesto contra su voluntad, sí.
La millonaria indemnización recibida por Benjumea, 11,5 millones de euros, fue posible porque la compañía firmó, el 23 de febrero de 2015, un contrato mercantil con su presidente, y también con el entonces consejero delegado, Manuel Sánchez Ortega, que contemplaba "el derecho a percibir una bonificación condicionada a su permanencia en el cargo hasta alcanzar la edad de sesenta y cinco años por importe de siete millones de euros y tres millones de euros respectivamente". Además, en virtud del Contrato de Consejero Ejecutivo firmado en febrero de 2015, recibirían una cantidad equivalente al 100% de su última retribución anual.
Rodrigo Echenique, presidente de Santander España, negó ante la juez haber impuesto el cese de Benjumea como presidente de Abengoa
El contrato no fue publicado por Abengoa hasta el mes de mayo de 2015, cuando se lo requirió la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La compañía indicó que las bonificaciones mencionadas se devengarían "en el supuesto de cese anticipado de sus relaciones con la sociedad por causas ajenas a la voluntad del consejero (...)".
La situación de Abengoa ya era públicamente complicada durante el año 2015, cuando en varias sesiones su valor en Bolsa se hundió por las dudas generadas sobre la deuda real del grupo. A mediados de ese año, la salvación de la compañía quedó ligada al éxito de una ampliación de capital proyectada por importe de 650 millones de euros. Las indemnizaciones recibidas por Benjumea y Sánchez Ortega fueron denunciadas por la Plataforma de Perjudicados de Abengoa, creada por los abogados Felipe Izquierdo, de Izquierdo Asociados, y Eliseo M. Martínez, de Ius+Aequitas Abogados.
Carta de renuncia
El 23 de septiembre de ese año, Abengoa celebró un polémico consejo de administración en el que Felipe Benjumea comunicó su decisión de abandonar la presidencia, sosteniendo que esta era una medida impuesta por la banca acreedora, principalmente Santander y HSBC, para llevar a cabo la ampliación de capital.
En la carta de renuncia presentada por Benjumea ese día al consejo de administración de Abengoa, a la que ha accedido este diario y que ilustra esta información, el expresidente del grupo sevillano se cuidó mucho de destacar que había sido la banca quien había impuesto su salida. "Presento por tanto mi renuncia a la condición de consejero, renuncia que no es voluntaria sino que me ha sido impuesta por el sindicato de bancos aseguradores", escribió Benjumea.
En esa misma reunión del consejo de administración de Abengoa del día 23 de septiembre de 2015, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones convocó una reunión para aprobar el cese de Felipe Benjumea. También esta comisión, de la que formaba parte el exministro Josep Borrell -que no asistió a la reunión- incidió en el carácter no voluntario del cese.
Vozpópuli ha accedido al acta de esa comisión de nombramientos, reunida a las 20.15 horas del miércoles 23 de septiembre. La comisión informó que se había acordado el cese de Felipe Benjumea "por tratarse de una exigencia innegociable de los bancos aseguradores y financiadores de la ampliación de capital que la sociedad tiene la necesidad de abordar".
Benjumea recibió en total 15,5 millones de euros en el año 2015
Abengoa contrató al despacho DLA Piper para que elaborara un informe sobre las consecuencias económicas derivadas del cese de Felipe Benjumea. El informe, presentado por Ignacio Gómez-Sancha, socio de DLA Piper, afirmaba que el expresidente tenía derecho a percibir 7 millones por la denominada "bonificación por permanencia" y 4,48 millones que era la cantidad que Benjumea había cobrado en 2014, por desvincularse de la sociedad.
Echenique lo niega
El presidente de Santander España, Rodrigo Echenique, tuvo que declarar el pasado año en la Audiencia Nacional durante la investigación por el caso de las indemnizaciones recibidas por Benjumea y Sánchez Ortega.
El ejecutivo, hombre de confianza de Emilio Botín y de la actual presidenta del primer banco español, Ana Botín, manifestó ante la juez Carmen Lamela que las cuentas de Abengoa adolecían de falta de concreción. Y aseguró que ni él ni Santander condicionaron su apoyo financiero a Abengoa a la salida de la presidencia de Benjumea, aunque admitió que él "personalmente" recomendó al empresario sevillano abandonar el grupo.
Felipe Benjumea recibió en 2015 además de los 11,5 millones de euros por indemnización por supuesto cese involuntario como presidente, otros cuatro millones como retribución por ese ejercicio, en total 15,5 millones de euros. El cobro se produjo poco antes de que Abengoa se declarara en preconcurso de acreedores, asomándose así a la que podría haber sido la mayor quiebra de una empresa española, con una deuda superior a los 9.000 millones de euros. Y pocas semanas antes de que la multinacional energética comenzara a despedir a miles de empleados, en unas condiciones que nada tenían que ver con las logradas por Benjumea.
