Manuel Martínez, 90 años, ayudado de una garrota y un familiar, fue una de las primeras personas que ayer lunes tomó asiento en la junta de accionistas de Banco Popular, celebrada en un salón de Ifema, en Madrid. "Soy cliente de Popular desde hace 70 años", contaba. "Tiene mala pinta, pero tengo confianza; estaba contento con los hermanos Valls [Luis Valls, presidente entre 1972 y 2004, y Javier Valls, copresidente entre 1989 y 2004], pero desde que se fueron todo ha ido a peor, la dirección ha sido muy mala".
Emilio Saracho presidió ayer la junta de accionistas de Popular una semana después de que el banco anunciara nuevas provisiones y la marcha del consejero delegado, Pedro Larena. Son muchos los accionistas de la entidad que han perdido más de un 90% de su inversión y las noticias sobre posibles demandas de bufetes estadounidenses han alentado a despachos españoles especializados en casos financieros como la salida a Bolsa de Bankia o las cláusulas suelo a estudiar acciones contra Banco Popular.
"Los ahorros de la vejez se han esfumado", lamentaba un accionista
Varios representantes de estos despachos acudieron a la junta para tantear el ambiente y tomaron la palabra en el turno de preguntas. La mayoría de los pequeños accionistas presentes en la junta eran personas mayores y clientes de toda la vida del Popular. El hundimiento del valor de la acción en Bolsa y la última corrección contable comunicada la pasada semana por el banco, tras registrar unas pérdidas de 3.485 millones en 2016, hacían de la junta un momento y lugar propicio para gestar demandas.
"Los ahorros de la vejez se han esfumado", lamentaba Mariano Merino, 83 años. "En lugar de irnos a Benidorm nos hemos venido aquí, todos tenemos el pelo blanco", decía. "El problema ha sido la ampliación de capital, los directores de las oficinas bancarias nos forzaron a ir", afirmaba.
El primer accionista que tomó la palabra en el turno de preguntas fue Felipe Izquierdo, el abogado que junto con el despacho Iuis Aequitas ha sentado en el banquillo al expresidente de Abengoa, Felipe Benjumea, por la indemnización recibida tras su cese. Izquierdo cargó contra la pensión de 24 millones que recibirá el expresidente de Banco Popular, Ángel Ron. "¿Van a emprender alguna acción para evitar que el señor Ron se lleve, no esos millones, sino ni un solo euro? ¿Y lo mismo con el resto de consejeros?", preguntó a Saracho.
Por vez primera en una junta de Popular tomó la palabra un representante sindical
También intervinieron cuatro abogados ligados al despacho Cremades & Calvo-Sotelo y a la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec). Ignacio Aragón, socio del bufete y portavoz de la asociación, reclamó a Emilio Saracho que iniciara una investigación sobre si se han producido filtraciones de información para hacer caer el valor de la acción y beneficiar a inversores bajistas.
"Me llamaron por teléfono hace unos meses y piqué", recordaba José Alberto Doraire, pequeño accionista de Popular, 65 años. "Vengo por curiosidad; nunca antes había invertido en Bolsa, pero me llamó una señorita de Popular por teléfono para que comprara acciones y me convenció", contaba.
Rafael Moreno, abogado del empresario Félix Revuelta, también intervino en el turno de preguntas. Revuelta, presidente de Naturhouse, dice que ha perdido 41 millones de euros en Popular, y pretende también evitar que Ángel Ron reciba ninguna prestación tras su salida como presidente de la entidad. "De momento no hemos iniciado acciones judiciales", dijo. "Lo que queremos es que Ron no cobre ninguna cantidad", añadió. El abogado de Revuelta repitió el nombre de la web de la asociación que han creado, ampopular.com, a través de la cual pretenden representar hasta el 3% del capital "con el fin de poder llevar a cabo iniciativas que redunden en beneficio del banco y por ende en el de sus accionistas".
A pesar de las pérdidas registradas por los accionistas de Banco Popular, el ambiente de la junta no fue demasiado crispado. El único abucheo que se escuchó fue cuando uno de los accionistas reclamó al presidente que respondiera a las preguntas una vez se formulaban, en lugar de responder al final de forma conjunta, a lo que Saracho se negó. Por vez primera tomó la palabra en una junta de Popular el representante del sindicato CCOO, José Ignacio Romero, para llamar la atención sobre la situación de la plantilla y la salida reciente de 2.500 empleados.
