Javier López Madrid, yerno de Juan Villar Mir, fundador del grupo OHL, tendrá que poner su puesto de consejero en la constructura a disposición del consejo de administración y dimitir si este lo ve pertinente. El empresario ha sido condenado a seis meses de prisión por la Audiencia Nacional por el escándalo de las tarjetas black. A pesar de la condena y del daño que la misma puede ocasionar a la imagen de la compañía española, OHL no parece dispuesta a llevar al límite su propio reglamento y actuar en consecuencia.
El artículo 23 del Reglamento del Consejo de Administración de la multinacional española expone los motivos por los que sus miembros deben poner sus cargos a disposición, entre otros "cuando resulten procesados por un hecho presuntamente delictivo o sean objeto de un expediente disciplinario por falta grave o muy grave instruido por las autoridades supervisoras"; o "cuando su permanencia en el consejo pueda poner en riesgo los intereses de la sociedad o cuando desaparezcan las razones por las que fueron nombrados".
López Madrid también está imputado por la salida a Bolsa de Bankia y por Púnica
López Madrid, amigo íntimo del Rey Felipe VI, gastó 34.000 euros con una de las tarjetas que ofrecía Caja Madrid bajo la presidencia de Miguel Blesa. El empresario, durante el proceso judicial, ha defendido que se trataron de gastos de representación y que además ha devuelto el dinero. Para tratar de demostrar su inocencia presentó un informe pericial elaborado por un catedrático de Economía al juzgado a finales de 2015. El informe sostenía que los pagos efectuados con la tarjeta de la caja en fines de semana estaban justificados en "personas con una agenda complicada". Entre los gastos registrados con la tarjeta black de López Madrid, además de viajes y hoteles, figuran desde 72 euros gastados en una tienda de esquí de Baqueira a 1.400 euros en Loewe o 1.000 euros más en Prada.
Desde la compañía española sostenían ayer que mientras la sentencia no sea firme, López Madrid no está obligado a nada. Sin embargo, el Reglamento del Consejo de Administración de OHL no hace mención alguna al hecho de que la sentencia sea firme o no. La sentencia de las black no será firme hasta que lo dicte el Tribunal Supremo. "López Madrid informará al consejo de las novedades sobre su situación procesal", indicaron fuentes cercanas al grupo español. "Lleva dos años procesado, desde que está procesado ha venido informando de su situación", señalaron.
El consejero de OHL ha tenido otros escarceos con la justicia que hacen peligrar su puesto en la constructora. En febrero de 2016 la Guardia Civil registró domicilios y despachos en la capital de López Madrid en el marco de la Operación Púnica. Se investigaba si López Madrid entregó dinero al PP de Madrid de forma ilícita -lo que ha negado-. El empresario tuvo que declarar como imputado ante el juez Eloy Velasco, de la Audiencia Nacional. Además, el ejecutivo, que ha insistido en que él y su familia perdieron 20 millones de euros en la salida a Bolsa de Bankia, está también imputado por este último caso.
López Madrid es además consejero delegado del Grupo Villar Mir, y presidente del gigante metalúrgico Ferroglobe, la compañía resultante de la fusión, en 2015, de la española Ferroatlántica y la estadounidense Globe Specialty Metals, y que cotiza en Estados Unidos.
El Corte Inglés, o la Complutense, con condenados en sus filas
Otras compañías españolas tendrán también que valorar el hecho de que uno de sus empleados haya sido condenado por el uso de las tarjetas black de Caja Madrid y si resulta conveniente mantenerles en sus plantillas.
El exconsejero de Caja Madrid y exsecretario de Estado de Hacienda Estanislao Rodríguez-Ponga, trabaja en la actualidad en El Corte Inglés, como confirmaron ayer fuentes cercanas a la compañía española. El jueves fue condenado a tres años y dos meses de prisión. Durante el proceso, Ponga justificó compras realizadas, precisamente, en El Corte Inglés como "gastos de representación" para hacer regalos como parte de su función como consejero de Caja Madrid. Gastó 255.373 euros.
José Antonio Moral Santín, que fue consejero de Caja Madrid por Izquierda Unida, es profesor en el departamento de Economía Aplicada en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido condenado a cuatro años de prisión. Gastó 456.522 euros.