El pasado 20 de agosto, cuando no había transcurrido ni un mes del peor accidente de tren en España en los últimos 40 años (79 muertos el 24 de julio en el Alvia que descarriló cerca de la estación de Santiago), el Juzgado de Instrucción Número 3 de Santiago, a cargo del magistrado Luis Aláez, lanzó un demoledor auto en el que recordaba la “omisión de cautelas elementales por quienes tienen la misión de garantizar la seguridad en la circulación ferroviaria”. De paso, Aláez pidió un informe con las “personas que integran el órgano responsable del órgano de seguridad” del Administrador de Infraestructuras (Adif).
Veintiún días después, el 11 de septiembre, el juez Aláez elaboró otro auto más duro todavía. El magistrado no solo reclamó a los directivos relacionados con el área de Seguridad de Adif, sino que imputó a un total de 29 personas, incluido todo el consejo de administración y dos expresidentes junto al actual, Gonzalo Ferre, que llegó al cargo en enero. Según ha sabido este medio, la reacción de Aláez se debe a las trabas impuestas por la dirección de Adif entre el primer y segundo auto, siempre reacia a identificar a los responsables requeridos por el juez.
Varios directivos y cuadros de Adif ya cargan abiertamente contra Ferre, al que acusan de desampararlos por no recurrir el primer auto judicial (la fecha límite para el recurso de apelación del segundo auto vencía el lunes) y de entregar al juez un puñado de organigramas sin masticar tras su petición del 20 de agosto, hecho que habría motivado el puñetazo en la mesa de Luis Aláez. No pocos imputados ya habrían rechazado el abogado de Adif y contratado a letrados particulares.
Adif deja insatisfecho al juez
“El día 29 de agosto de 2013 se presentó por el Adif determinada información que le había sido solicitada por el auto del 20 de agosto”, se lee en el segundo auto. Una información que desde luego no satisfizo a Aláez y que, además, pasó por las manos de Fomento antes de ser entregada al magistrado de Santiago.
El segundo auto no cita el enfado de Aláez con la cúpula directiva de Adif, pero sí explora los motivos por los que imputa a la veintena de miembros presentes en el Consejo de Administración, a los que no exime todavía de responsabilidad “por su deber de supervisión y control del Área de Seguridad de Adif”. Algunas fuentes apuntan a que muchas de las imputaciones no se sostienen, como las que afectan a los vocales de CCOO o UGT, así como a técnicos u operarios de baja categoría. En los dos autos, Aláez ha insistido en la gravedad de que un sistema de seguridad no funcione cuando se circula a velocidades cercanas -pero inferiores- a los 200 kilómetros por hora, así como en la rareza que supone pasar de esa velocidad a 80 kilómetros por hora en apenas cuatro kilómetros.
“Se debían de haber adoptado otros procedimientos”, recuerdan siempre los dos autos. “Sorprende que Adif considere el error humano” como causa del accidente, “y sin embargo haya omitido cualquier tipo de respuesta del sistema ante el previsible fallo humano”.
