Ni Vodafone está para enemistarse con el Gobierno, por pertenecer a un sector regulado y por estar a la espera, al igual que sus competidores, de recibir nuevas frecuencias de telefonía móvil, ni mucho menos Deloitte, la auditora a la que el Ejecutivo señaló con el dedo acusador por no vigilar bien las cuentas de Bankia y bendecir su salida a Bolsa.
Así que tanto el operador de telecomunicaciones británico como la auditora han optado por pasar página lo antes posible en el escándalo sobre el fraude del IVA cometido por ONO, ahora controlada por la primera, y "no remover más la mierda", según señalan fuentes al tanto del proceso de investigación.
El Ministerio de Hacienda mantiene abierta una inspección para encontrar a los culpables de un fraude de en torno a 60 millones de euros cometido por ONO en la compra de tráfico de llamadas internacionales entre los años 2009 y 2011.
Sin embargo, Vodafone, que cree que el fraude sirvió para inflar el valor de la empresa por la que pagó 7.200 millones de euros, y Deloitte, contratada por la operadora para realizar una "auditoría forense con valor de prueba pericial (sic)" sobre el escándalo, han optado por proteger a Alfredo Guitart, ex auditor interno de ONO hasta 2013 y actual directivo de Sareb, el banco malo creado por el ministro de Economía, Luis de Guindos, para gestionar los activos tóxicos de la banca española.
Guitart depende ahora de Belén Romana, colocada en Sareb por Guindos, ministro que persiguió a Deloitte por su actuación en Bankia y fue multada con 12 millones de euros
El ahora alto directivo de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria trabajó como auditor interno de ONO entre 2008 y 2013, por lo que según las investigaciones en marcha, tuvo que conocer el fraude fiscal de impago de IVA que se prolongó durante, al menos, tres años, y que ahora investiga Hacienda. "Por su cargo [auditor interno], por el tamaño del fraude y por los años que duró, tuvo que estar al tanto de lo que ocurría. Y si no lo estuvo, fue negligente en el desempeño de sus funciones", señala una fuente.
Él, por su parte, a través de portavoces oficiales de Sareb, afirma que "no tuvo conocimiento de las prácticas que se pudieron estar realizando" en ONO.
Guitart es ahora director de recursos corporativos de Sareb, una sociedad protectorado de Guindos, en la que colocó como presidenta a Belén Romana, ex directora de Estrategia y Desarrollo Corporativo de ONO de 2008 a 2010.
Fue ella la que sacó de ONO a Guitart para colocarlo en Sareb. Es una profesional de la más absoluta confianza de Guindos, ministro que la postuló, sin éxito, para los cargos de Gobernadora del Banco de España, presidenta de la CNMV y máxima responsable del Frob.
Romana acabó en Sareb, pero como alta directiva de ONO ha sido investigada, si bien no hay indicio alguno de que estuviera al tanto del fraude.
Salvada Romana del proceso, aún quedan por dirimir las responsabilidades de Guitart. Pero él es uno de sus hombres de confianza en Sareb y, por extensión, depende de Guindos. Así que Deloitte, con la anuencia de Vodafone, prefiere acotar la investigación en marcha a un grupo de técnicos de ONO y a los altos directivos de la compañía, a los que iba a pagarles una indemnización total de 65 millones de euros por su marcha, pago que ha suspendido a la espera de las conclusiones de las pesquisas de Deloitte y del despacho de abogados DLA Piper, asesorada por el ex presidente José María Aznar.
La auditora, con la anuencia de Vodafone, prefiere acotar la investigación a los directivos que pudieron estar informados del fraude y no lo comunicaron a la teleco, que pagó 7.200 millones por ONO
Están bajo sospecha José María Castellano, ex presidente de ONO (25 millones de euros indemnización prevista), Rosalía Portela, ex consejero delegada (otros 25 millones), y Carlos Sagasta, ex director financiero (15 millones), pero no el ex auditor interno del grupo.
Según las fuentes consultadas, ni Vodafone ni Deloitte están por la labor de que la investigación salpique a una sociedad dependiente del Gobierno y tan ligada a Luis de Guindos.
El ministro de Economía ha perseguido con ahínco a la auditora en los últimos tiempos por haber permitido el despropósito de las cuentas de Bankia y bendecir sus cuentas de cara a la salida a Bolsa.
El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), también dependiente del Ministerio de Economía, ha impuesto una multa de 12 millones de euros por la "actuación" de la auditora en el proceso de salida al parqué del banco rescatado con más de 20.000 millones de euros de dinero público.
Vodafone centra las sospechas en Castellano, Portela y Sagasta, los tres ex máximos directivos de ONO que iban a cobrar 65 millones de indemnización, un pago que ha sido suspendido por la teleco
Deloitte no quiere más problemas con Guindos y no está dispuesta a que su "pericial" vaya más allá de lo que la propia Vodafone ha acotado: Castellano, Portela y Sagasta, que según la teleco, habrían sido los que pudiendo conocer el fraude no lo pusieron en conocimiento de los compradores, que finalmente pagaron 7.200 millones de euros.
El resto de responsabilidades habrá de depurarlas Hacienda, que busca tanto a los responsables directos del fraude de IVA como a la cuantía de lo defraudado.
Tampoco Vodafone quiere ir más allá y menos contra el actual Gobierno. Acaba de comprar ONO, está a la espera de que el Dividendo Digital que dirige el Ministerio de Industria le permita recibir nuevas frecuencias para los servicios móviles 4G y está vigilada con lupa por la CNMC como segundo operador, por si incurriera en prácticas anti-competencia.
