La semana pasada, la ministra de Fomento, Ana Pastor, reconoció la pésima situación de muchas empresas concesionarias, fruto de un cálculo erróneo de la viabilidad de la red de peajes que surca la geografía española. También anunció medidas “para ayudar a las sociedades concesionarias de las autopistas en quiebra”, aunque no precisó cuáles: la autopista Cartagena-Vera, y las radiales de Madrid R-3 Madrid-Arganda y R-5 Madrid-Navalcarnero están en preconcurso; por su parte, la Madrid-Toledo y la R-4 Madrid-Ocaña ya han solicitado el concurso, arrojando todas ellas un pasivo superior a 2.000 millones de euros.
Entre las medidas para rescatar al sector, hay una muy polémica e impopular cuyo runrún se escucha en los pasillos de Fomento: extender la red de peajes a todas las autovías. Se trata de una reivindicación sobre la que viene insistiendo la Asociación de Concesionarias de Autopistas de Peaje (Aseta), liderada por el presidente de la comisión de economía y política financiera de CEOE, José Luis Feito. Feito, respaldado por lo bajo por grandes constructoras como OHL o Abertis, ha añadido además que las arcas del Estado podrían ingresar hasta 3.500 millones de euros con la medida, sin esconder que lo que su organización pretende es salvar de la bancarrota a muchas de las patronales que integran Aseta.
Feito, cuentan fuentes, tiene quien le escuche en Fomento. Pero también quien no: varios diputados del PP han expresado su rechazo rotundo a un plan de salvamento a concesionarias con moderados beneficios para el país que suscitaría el rechazo unánime de la sociedad. Además, los conductores ya pagan más por la desaparición en julio de ayudas que recibían las concesionarias cuando se registraban bajadas de tarifas superiores al 7%. Ante el fin de la subvención, las concesionarias, ahogadas a más no poder, no dudaron en revertir ese margen al alza a los usuarios.
Fomento viene manteniendo una actitud ambigua con las concesionarias. Antes de que se retiraran las subvenciones por bajar tarifas en los peajes, numerosas informaciones apuntaron a que el Gobierno mantendría dichas ayudas, cosa que al final no se produjo. Sin embargo, el ministerio de Pastor compensó el fin de esas partidas con una suculenta aportación de 290 millones a las empresas para paliar el efecto de los sobrecostes de las expropiaciones. Por ahora, Pastor no se ha pronunciado sobre la extensión de la red de peajes. La oposición asegura que el PP sondea esta medida, que un sector del catalanismo parlamentario también vería con buenos ojos: casi un 20% de los 3.016 kilómetros de carreteras de peaje en España se localizan en Cataluña.
Entretanto, la guerra inter-patronal va subiendo grados poco a poco. La Confederación Española de Transporte de Mercancías (Cetm) ha lanzado duros comunicados tras las sugerencias de Feito de cobrar por circular en todas las autovías. “Su implantación comportaría efectos perjudiciales inmediatos en la competitividad de toda la economía española, al encarecer el precio de todos los productos y dificultar las exportaciones. La propuesta realizada por Feito es inadmisible, interesada y no ocasionaría ningún beneficio al conjunto de la economía española, representando una carga más para un sector como el del transporte”, reza el comunicado. Un miembro del sector se permite el lujo de ironizar con la propuesta tras puntualizar su rechazo absoluto a la medida: “Al final, todo depende de una gallega –Pastor- y un gallego –Rajoy-, así que estamos preparados para todo”.
