La presión de José Manuel Soria sobre las petroleras para que abaraten los carburantes está teniendo un éxito relativo. Los precios finales de los combustibles acumulan dos semanas de descensos tras la reunión que el ministro mantuvo el pasado 12 de septiembre con los directivos de las tres principales compañías del sector en España (Repsol, Cepsa y BP) para transmitirles su "profunda preocupación" por la evolución de los precios. Pero la pretensión del titular de Industria es la de que los precios antes de impuestos se igualen con los de la media de la UE. Y esta meta, por ahora, sólo se ha cumplido en parte.
En el caso de la gasolina, y de acuerdo con los datos de la Comisión Europea, si se eliminan los impuestos el precio en España es ya un 2,1% inferior al de la media de la UE.
Pero con el gasoil, el combustible más consumido (supone cerca del 80% de la demanda de carburantes de automoción), no ocurre lo mismo. Los precios siguen siendo superiores a los de la media europea. En concreto, un 1,3% más caros, según datos del pasado lunes. Una semana antes, la diferencia era del 1,1% (comparado con la UE 27) y del 1% con respecto a los países del euro.
En la reunión del pasado 12 de septiembre, Industria y las petroleras acordaron crear una comisión mixta para estudiar posibles mecanismos que permitan rebajar el precio de los carburantes. Según la patronal AOP, no ha habido grandes avances desde entonces. Las empresas se quejan de que los datos que ofrece la UE no son comparables porque, dicen, no se elaboran con criterios homogéneos en todos los países.
Desde que Soria llamó a rebato a las petroleras, el precio final de la gasolina se ha abaratado un 3,7%, frente a la caída del 1,9% registrada en la UE-27 y del 2,4% de los países del euro. Por su parte, el gasóleo ha bajado un 2% en España, un 1,8% en la UE y un 2,2% en los 17 países del euro.
La inflación aprieta: actualizar las pensiones en noviembre supondría 2.500 millones
El ministro, que acaba de aprobar la primera bajada de la luz desde que está en el cargo, persigue en su pugna con las petroleras el objetivo de sujetar la inflación. Con noviembre (mes en el que, en teoría, debería compensarse a los pensionistas por la pérdida de poder adquisitivo) a la vuelta de la esquina, los precios aprietan. En septiembre, tras la subida del IVA, se dispararon ocho décimas, hasta el 3,5%, la tasa más alta desde mayo de 2011.
Si el IPC se mantuviera en ese nivel en noviembre, la factura para la Seguridad Social en caso de actualizarse las pensiones (una cuestión que el Gobierno no aclara) sería considerable. Quizá prohibitiva en los tiempos que corren: unos 2.500 millones, que obligarían a realizar más ajustes de gasto o a elevar en dos décimas el déficit público.
El Ejecutivo se ha cuidado hasta ahora, a menos de tres semanas de las elecciones gallegas y vascas, de confirmar si compensará a los pensionistas como, en principio, marca la ley. "Las normas siguen vigentes", se limitó a señalar el pasado jueves el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
