Los cientos de recursos que acumula el Estado español proseguirán a pesar de Industria. El Ministerio que dirige José Manuel Soria solicitó el 23 de abril al Tribunal Supremo la suspensión de la tramitación de todos esos pleitos planteados por los recortes a las primas en renovables efectuadas por las dos últimas reformas energéticas. A través de la Abogacía del Estado requirió que no se tramitaran hasta que la Comisión Europea decida si las ayudas se ajustan al derecho comunitario, lo que podría tardar años.
El Tribunal Supremo ha acordado en un auto comunicado este lunes que no tendrá lugar "la suspensión del procedimiento que propugna la Administración demandada pues el mero hecho de que la Comisión Europea haya iniciado un procedimiento de “examen preliminar” a raíz de la notificación formulada por las autoridades españolas no es causa bastante para que se suspenda de manera indefinida la tramitación del presente litigio, a resultas de lo que resuelva la Comisión Europea; suspensión a la que, por lo demás, se ha opuesto la parte recurrente".
La Comisión Europea decidió con fecha 13 de febrero de 2015 iniciar procedimiento de examen preliminar de ayudas de Estado. El pasado 24 de junio la Abogacía del Estado presentó ante el Supremo la documentación necesaria para defender sus tesis. María Isabel Perelló Doménech ha sido la magistrada ponente del auto comunicado hoy.
Si Bruselas considerara que las primas renovables son y han sido ayudas de Estado, esto traería consecuencias "en orden a establecer, en su caso, la antijuricidad (sic) del daño alegada en las acciones de responsabilidad patrimonial ejercitadas en este proceso y otros de idéntico objeto, así como la determinación de una indemnización que podría constituir una ayuda de Estado prohibida", argumentaba la Abogacía del Estado en el escrito registrado en el Supremo el pasado 28 de abril.
En el caso de que el Supremo hubiera aceptado la petición de la Abogacía, todos los contenciosos quedarían suspendidos, no sólo los que se presentaron contra las normas aprobadas por el actual Gobierno en 2014, sino también sobre aquellas que fijaron recortes en la retribución y fueron aprobadas en la última legislatura de Zapatero. En paralelo a los pleitos planteados en España hay más de 15 arbitrajes internacionales en los que grandes fondos y empresas renovables internacionales han denunciado al Reino de España por sus sucesivos recortes en la retribución a las renovables y la ruptura de la seguridad jurídica tras los cambios normativos.
