Han tenido que pasar dos años para que el Ministerio de Industria saque la calculadora y caiga en la cuenta de los perjuicios que el sistema de subastas eléctricas para comercializadores de último recurso, las famosas Cesur que fijaban la tarifa doméstica de la luz y cuya supresión acaba de anunciar, provocaba a los consumidores.
El Gobierno, que finiquitará este sistema tras el ‘tarifazo’ de diciembre pasado, lo ha hecho tras ignorar durante meses las críticas de la oposición a esas pujas por su carácter inflacionario. De hecho, Industria ha llegado a defender en sede parlamentaria que las Cesur “favorecen al consumidor”.
Un año antes del desastre de la última Cesur, el 17 de diciembre de 2012, y en respuesta escrita a una pregunta parlamentaria del diputado de Foro Asturias (FAC), Enrique Álvarez Sostres, Industria aseguraba que “la competencia está favorecida por los distintos modelos de contratación existentes en la actualidad: SPOT (mercado diario), a plazo, contratos bilaterales, subastas Cesur...”.
“Estos sistemas de contratación favorecen al consumidor, como así se puede observar con los contratos de los grandes consumidores de energía o, como se ha producido recientemente, con la bajada de la Tarifa de Último Recurso (TUR) del 2,29% para el último cuatrimestre de 2012”, decía entonces el ministerio, que ponía en duda “que nos encontremos en una situación de oligopolio” en el mercado eléctrico, gracias a la incorporación de potencia del régimen especial (básicamente, renovables).
Hace menos de un año, el departamento de José Manuel Soria descartaba cambio alguno en estas pujas (“No se encuentra en tramitación ninguna reforma del sistema de subastas Cesur”, decía escuetamente en marzo pasado al portavoz socialista de Industria en el Congreso, José Segura). Menos de una semana después, en otra respuesta parlamentaria (a Carlos Martínez Gorriarán, de UPYD), descartaba compensar los “excesos de precios obtenidos en la subasta Cesur sobre los reales de mercado”.
Sin embargo, el Ministerio se ha dado cuenta ahora, tras la alarma social desatada por el frustrado 'tarifazo' de diciembre pasado. Ha pasado de decir que Cesur equivalía a "mercado" (así se expresaba siempre Soria) a considerar que había un “problema” en la parte de energía del recibo, que supone un 37,4% de la factura de un consumidor medio (unos 50 euros mensuales).
Así, y según sus propios cálculos, en los últimos años el consumidor ha pagado un sobrecoste medio de unos 300 millones de euros al año por este sistema. 1.160 millones de más en los últimos cuatro años: 500 millones de euros de más en 2010; 200 millones en 2011; 250 millones en 2012 y 210 millones el año pasado.
Se tomará la media diaria del pool o, incluso, precios horarios para la minoría que cuenta con un contador inteligente
El nuevo sistema eliminará totalmente ese escalón intermedio de aseguramiento del precio que constituía la Cesur y que controlaban, fundamentalmente, entidades financieras, de forma que la referencia va a ser lo que cueste la energía en el mercado mayorista (conocido como pool) en el periodo de facturación.
A partir de abril se tomará la media diaria de esa bolsa cada mes o cada dos meses (en función de qué ciclo de facturación haya elegido el usuario) o, si tienen contador horario (una minoría, ya que sólo 7 millones de clientes eléctricos tienen estos dispositivos), lo que efectivamente se consuma cada hora.
Así, Industria espera que los usuarios medios estén atentos a los precios que publica Omie en su web cada hora para planificar su demanda.
El nuevo sistema, que entrará en vigor en abril mediante un Real Decreto y empezará a reflejarse en los recibos de mayo, va a deparar precios más volátiles que los actuales, ya que el pool está muy condicionado por variables estacionales (suelen dispararse en invierno y en momentos de alta demanda). Pero Industria asegura que las fluctuaciones vendrán determinadas “más por consumo que por precio” y calcula que las variaciones de precio se van a traducir en oscilaciones de entre 2 y 4 euros al mes en la factura final.
También se permitirá a los consumidores optar por precios fijos anuales que deberán ofertar las comercializadoras y que se comunicarán mensualmente. En principio, serán superiores a los que obtenga quien se decante por tomar como referencia los precios del pool pero tendrá la ventaja de ser más estable. Sus principales destinatarios serán las pymes.
Con el nuevo sistema el usuario podría recuperar el sobrecoste que marcó el precio fijado por el Gobierno en diciembre
Con el nuevo sistema, Industria se quita de en medio el engorroso proceso de las subastas, ya que se supone que la nueva referencia implicará que desaparece toda intervención gubernamental en la fijación del precio. No obstante, Industria prepara “mecanismos de control” de los mercados energéticos para que, ante circunstancias “extraordinarias”, la CNMC y el Gobierno puedan intervenir en los precios de manera “inmediata”.
Es posible que, una vez entre en vigor, los usuarios recuperen en el recibo la diferencia que ha marcado en lo que va de año el pool (a la baja) con respecto al precio de 48 euros por megavatio/hora que fijó administrativamente tras anular la Cesur de diciembre. Para eso, los precios del pool deberían mantenerse en los niveles actuales (la media de lo que va de año estaba este lunes en unos 30 euros).
La estimación del ahorro global con la eliminación de las Cesur es, según Industria, de unos 200 millones de euros al año que, de acuerdo con los cálculos que maneja el ministerio, pueden traducirse en una rebaja del 3%, de media, en el recibo de un usuario doméstico y en un abaratamiento de la energía cercano al 10-12%.
Industria dice que el nuevo sistema se ha “consultado” con las eléctricas, los intermediarios financieros (que dejarán de intervenir en la fijación del precio), los consumidores, la CNMC, el operador del mercado y otros ministerios.
Aunque mantiene sus planes de retocarlo (sería toda una sorpresa que eliminara el actual sistema marginalista, por el que todas las tecnologías cobran lo mismo), defiende que el pool ya proporciona una señal de precio suficientemente fiel porque es la principal referencia de los contratos liberalizados de la industria.
