El grupo Zed, controlado por la familia Pérez Dolset, ha recibido, al menos desde 2010, decenas de millones de euros en subvenciones y préstamos públicos para el desarrollo de supuestos proyectos tecnológicos que no tuvieron realmente desarrollo. Este diario ha podido contabilizar más de 20 millones recibidos por distintos proyectos de Zed que han recibido ayudas públicas, aunque fuentes consultadas por este diario triplican dicha cantidad.
De acuerdo a las fuentes consultadas, cercanas a la empresa que creó el popular videojuego Comandos, Zed recibió unos 20 millones en ayudas públicas, mientras que otras empresas vinculadas a la familia Pérez Dolset recibieron otros 47 millones de euros.
Esta mañana la Audiencia Nacional ha puesto en marcha una operación contra un fraude de subvenciones millonario relacionado con Zed y en ella se ha detenido a Javier Pérez Dolset, presidente hasta este año del grupo. También se están produciendo registros.
Vozpópuli ha contactado con empleados y extrabajadores del grupo con sede en Pozuelo (Madrid) que han contado cómo la compañía simulaba el desarrollo de proyectos acorde con un programa de subvenciones concedidas por el Ministerio de Industria. “Simulaban un proyecto tecnológico, pero en realidad no se trabajaba en nada, eran proyectos redactados para recibir la subvención”, aseguran.
A pesar de los millonarios apoyos públicos recibidos, Zed se declaró en concurso de acreedores en el año 2016, con un pasivo de 368,9 millones de euros, el mayor concurso del año.
Como ha informado este diario, el primer informe elaborado por la administración concursal alertaba de posibles operaciones fraudulentas realizadas por el consejo de administración de la empresa. “Se observan operaciones con sociedades que están relacionadas con personas integrantes del consejo de administración y su entorno, pudiendo haberse realizado prácticas fraudulentas si se constatase que dichas operaciones no han aportado ningún valor a la concursada”, dice el informe.
El administrador concursal de Zed Worldwide llama la atención en su informe sobre la compleja estructura internacional de la empresa. Una red de sociedades nacionales e internacionales que “si bien son legales”, podría tener como “objetivo fiscal ocultar y separar administración y propiedad, con el fin de reducir responsabilidades”.
