Siete meses después de que el actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid tomara el testigo de la anterior alcaldesa, Ana Botella, la situación en torno a la eterna 'operación Chamartín' continúa sin avances. Las distancias entre el proyecto de Distrito Castellana Norte (DCN), la promotora del ambicioso desarrollo urbanístico, y el que quiere el Consistorio son aún demasiado grandes, entre otras cuestiones porque a la corporación municipal no termina de convencerle el concurso de la mano privada en la operación.
Tanto en las reuniones de las mesas creadas por el Ayuntamiento a finales del pasado año para debatir sobre Distrito Castellana Norte como en las declaraciones públicas del concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, se ha puesto de manifiesto que la magnitud de la operación no es del agrado del Consistorio que lidera Manuela Carmena. Demasiada superficie de terreno (más de tres millones de metros cuadrados) y, sobre todo, demasiada edificabilidad: más de 17.000 nuevas viviendas y miles de metros cuadrados de oficinas que, en opinión del Ayuntamiento, no son necesarios ahora mismo en la capital.
El argumento empleado por la corporación municipal es que en Madrid hay muchas viviendas vacías y que la construcción de casi dos decenas de miles más no haría sino engordar un problema que podría derivar en una nueva burbuja inmobiliaria. Un planteamiento que las principales consultoras del sector desmienten en parte, toda vez que aseguran con datos en la mano que, actualmente, el stock de vivienda nueva en Madrid está muy próximo a agotarse y que existe suficiente demanda para que la oferta de DCN sea absorbida.
En cualquier caso, el Ayuntamiento emplea este motivo para defender un desarrollo en el norte de Madrid mucho menos ambicioso, una ‘operación Chamartín’ mucho más pequeña y que, por lo tanto, no necesitará todas las infraestructuras que prevé la original, especialmente la reforma del nudo norte (protagonista de los últimos atascos gigantescos en la ciudad), la conexión con la M-40 y la losa que cubrirá la playa de vías de la estación de Chamartín.
Una alternativa pública
El propio José Manuel Calvo se refería a ello en una entrevista que concedió a Eldiario.es a finales de noviembre, en la que indicaba que el hecho de incluir en el proyecto estas infraestructuras había generado una serie de costes que se pretendían afrontar con el incremento de la edificabilidad del desarrollo. Un modelo que no consideraba sostenible y que no dudó en considerar como “muerto” en los términos en los que está planteado actualmente.
Fuentes próximas al Ayuntamiento señalan que la idea que se contempla actualmente es plantear una alternativa con estas características, es decir, un desarrollo mucho más pequeño, que no precise de tantas infraestructuras y, además, que sea de iniciativa pública. Una circunstancia que aplazaría en todo caso la puesta en marcha del plan, toda vez que la situación económica de las arcas municipales no pasa precisamente por su mejor momento.
Sin embargo, aunque la financiación privada hace posible un desarrollo mucho mayor e incluye una clara mejora de unas infraestructuras que no beneficiarán sólo a los vecinos de la nueva zona sino a un gran número de ciudadanos, el Ayuntamiento no termina de ver con buenos ojos la presencia de manos privadas en el proyecto ya que considera que tan sólo buscan conseguir un objetivo de rentabilidad, que antepondrán a cualquier modelo considerado sostenible para el urbanismo de la ciudad.
La concejalía de Desarrollo Urbano Sostenible prevé publicar las conclusiones de las mesas de debate en las próximas semanas. Cuando se planteó su constitución, se preveía que en esas fechas ya estuviera conformado el nuevo Gobierno central, un aspecto que el Ayuntamiento consideraba importante para tratar el futuro de la estación de Chamartín, uno de los elementos fundamentales del proyecto. Sin embargo, todo apunta a que la configuración del Ejecutivo nacional se demorara más de lo previsto, lo que no deja de ser otro factor que juega en contra del tiempo.
El reloj es un elemento muy a tener en cuenta en esta historia. Si el 31 de diciembre de este año no está aprobado el plan parcial que permite iniciar el proyecto Distrito Castellana Norte, los promotores renunciarán a llevarlo a cabo.
El drama vecinal
Precisamente, la Administración central también sería una de las grandes perjudicadas si el desarrollo no saliera adelante. Empresas públicas como Renfe y Adif se juegan mucho en el empeño, algo más de 1.000 millones de euros de ingresos por los terrenos que cederán para la ‘operación Chamartín’ y que, ahora, están más en el aire que nunca. Por el momento, la prudencia se impone a la espera de conocer la composición del nuevo Gobierno central.
Esta situación, unida a las noticias sobre las desavenencias entre el Ayuntamiento de Madrid y el holding chino Wanda, propietario del Edificio España, acerca del proyecto de reforma del rascacielos, han encendido todas las alarmas en las asociaciones de vecinos, comerciantes y pequeños empresarios de la zona. La semana pasada, un grupo de estas organizaciones, que representan a más del 80% de los afectados por el ámbito de actuación del proyecto, solicitó una reunión urgente con la alcaldesa para trasladarle su inquietud y solicitarle que desbloquee Distrito Castellana Norte.
Las asociaciones señalan que los planes del Ayuntamiento pasan por construir mediante iniciativa pública las infraestructuras que consideren necesarias para el desarrollo de los barrios del norte de Madrid. En un manifiesto, denuncian que estas iniciativas no tienen reflejo en los presupuestos municipales, con lo que temen que no figure entre las prioridades de la corporación pese a que algunas de estas infraestructuras, en especial el nudo norte, precisaría de ser reformada aun sin el desarrollo de la ‘operación Chamartín’.
Los vecinos denuncian que el desarrollo lleva planteado más de 20 años sin que se haya movido un solo metro cúbico de tierra. Y que en el ámbito hay barrios realmente muy degradados y que necesitan con urgencia el desarrollo. Las asociaciones están incluso a favor de que en la nueva zona prolifere el pequeño comercio, la tienda de proximidad, la pequeña y mediana empresa que compone la mayor parte del tejido de las zonas aledañas. Nada de enormes centros comerciales, grandes superficies ni proyectos grandilocuentes.
Por ahora toca esperar pero, transcurrido ya más de medio año desde la llegada del nuevo equipo de gobierno al Ayuntamiento, los planteamientos de unos y otros están demasiado alejados y no en cuestión de detalles o matices, sino en la esencia del proyecto e incluso en su carácter de exclusivamente público o público-privado. El tiempo corre en contra de los promotores, de grandes empresas públicas y especialmente de los vecinos.
