Hace diez días, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) dictó una sentencia que ponía contra las cuerdas la ‘operación Chamartín’, al limitar a un máximo de tres alturas los edificios que se levantaran en los terrenos del mayor desarrollo urbanístico de Europa, con una extensión de 3,1 millones de metros cuadrados en la zona norte de Madrid.
Con ser grave y suponer un grave perjuicio, puesto que la operación incluye casi una veintena de rascacielos y edificios residenciales de alturas superiores, no es el primer varapalo que la Justicia asesta a este desarrollo.
En 2009, la Audiencia Provincial de Madrid ya puso en entredicho la que se conoce como “prolongación de la Castellana”, al condenar a tres personas por realizar operaciones de compra-venta de terrenos pertenecientes al desarrollo que no estaban a su nombre y por beneficiarse de la colocación espacios publicitarios en aquellos terrenos.
Las parcelas con las que los acusados estaban haciendo negocio eran de propiedad pública, en la mayoría de los casos de Renfe y, además, tenían la particularidad de que se trataba de suelo no desafectado, con lo que no estaba en disposición de ser vendido ni de comercializar con él.
Incumplimiento de los plazos
En este capítulo se incluyen incluso calles del dominio público, próximas a la estación de ferrocarril de Chamartín, cuyos vecinos han visto por sorpresa cómo se incluían en la operación.
Merced a movimientos de este tipo, la operación Chamartín, que comenzó con una extensión ligeramente superior a los 600.000 metros cuadrados ya va por los 3,1 millones de metros cuadrados, una ampliación que se considera desproporcionada.
También hay que tener en cuenta que no se han cumplido los plazos previstos inicialmente, que se situaban en quince años, que han transcurrido sobradamente sin que se haya movido un solo metro cuadrado de tierra en la operación. Esta circunstancia, junto al cambio de uso que se realizó en su día (al incluir desarrollos residenciales) ha hecho que algunos antiguos propietarios se estén planteando solicitar el correspondiente derecho de reversión.
Es decir, que el problema no se haya tanto en el contenido de la sentencia del TSJM adelantada por Vozpópuli el pasado 4 de julio, que se basa en un precepto de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid que limita las alturas de los edificios en determinados enclaves. La normativa podría ser modificada en breve para desbloquear situaciones como ésta, así como la paralización de la puesta en marcha de más de una veintena de nuevos barrios en Madrid o el desarrollo de los terrenos que actualmente ocupan el estadio Vicente Calderón y la colindante antigua fábrica de la cervecera Mahou.
El tiempo corre en contra del Ayuntamiento
Sin embargo, como puede apreciarse hay otras muchas cuestiones que o bien se encuentran en los tribunales o bien ya cuentan con un fallo judicial que no beneficia precisamente a los promotores de la ‘operación Chamartín’. Por el momento, el Ayuntamiento medita recurrir la sentencia del TSJM que le permitirá ganar tiempo.
Pero es precisamente el reloj el que juega en contra del proyecto. De hecho, ya está fuera de plazo. Y la participación ciudadana en relación con las presuntas irregularidades de este proyecto ha sido tradicionalmente muy activa. Durante todos estos años han inundado los juzgados de denuncias. Y, por el momento, el tiempo les está dando la razón.
