Una sentencia del Juzgado de lo Mercantil Nº9 de Madrid ha declarado nula la junta de accionistas que expulsó en 2016 al impulsor de Pocoyó y entonces presidente de la productora Zinkia, José María Castillejo, de dicha empresa.
La sentencia, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, llega apenas días antes de que la actual dirección resuelva el próximo 27 de noviembre la salida de Zinkia del Mercado Alternativo Bursátil (MAB).
En la junta ahora impugnada se produjo el relevo de Castillejo por el segundo accionista, el mexicano Miguel Valladares. Este ejecutó un préstamo que había financiado años atrás, supuestamente, para ayudar a refinanciar Jomaca 98 SL., la mercantil de Castillejo con la que tenía representación en el consejo. Dicho préstamo tenía como garantía 8,26 millones de acciones que pasaron a manos de Valladares, convirtiéndose en principal accionista.
Castillejo interpuso la demanda de impugnación de la junta porque Zinkia reconoció a Valladares la titularidad de esas acciones para asistir y votar en la referida junta de accionistas, del 14 de junio de 2016, pese a que la adjudicación de los títulos todavía no era firme, como ha rubricado ahora la sentencia del Juzgado de lo Mercantil Nº9 de Madrid.
Atendiendo a la sentencia, los acuerdos que se adoptaron en esa junta "afectan de forma indirecta a los intereses económicos del actor (el propio Castillejo), en la medida que es socio mayoritario de la sociedad, cuya participación se discute en el momento de la constitución de la junta", estableciendo que "procede declarar la nulidad de la junta impugnada por defecto en su constitución, y por ello, la totalidad de los acuerdos adoptados en la misma".
Planteo a la CNMV
Esta sentencia llega después de que el creador de Pocoyó haya elevado cuatro "denuncias" a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sobre la irregularidad de la junta ahora impugnada.
A través de esos escritos, Castillejo presentaba documentos al organismo "encargado de a supervisión del correcto funcionamiento de los mercados de valores en España" y solicitaba que se abriera una investigación a la compañía por entender que había violado "las leyes del mercado". Como respuesta a sus denuncias le respondieron en la CNMV por teléfono -no por la vía formal, remarca Castillejo- que esos escritos no podían ser calificados de "denuncias" y que, en cualquier caso, era un tema que competía a los juzgados.
Paralelamente, ha elevado ahora al Tribunal Constitucional la flamante sentencia del Mercantil con el objetivo de que el Tribunal la incluya dentro de su recurso de amparo por una querella criminal contra funcionarios de la CNMV por "falta de tutela de los Tribunales", "un principio básico de la Constitución", remarca el denunciante. Esta querella había sido inadmitida por un juzgado de Instrucción y posteriormente por la Audiencia Provincial de Madrid.
Fuentes del Constitucional han confirmado a este medio haber recibido la documentación pero aseguran que el proceso de admisión o rechazo de la prueba "puede tardar semanas".
La sentencia "no es firme"
La CNMV se ha limitado a contestar que "ya responderemos sobre este tema a quién nos ha enviado la carta", en alusión al último escrito presentado por Castillejo la pasada semana y que recoge todas las denuncias presentadas así como la flamante sentencia en un texto dirigido al propio ente regulador.
Desde Zinkia han contestado a este periódico que la sentencia de lo mercantil "no es firme" y por tanto, la recurrirán. Recalcan asimismo que "en absoluto afectará a la Junta de accionistas convocada para el día 27".
En esa junta se resolvería la oferta de exclusión, respaldada por los accionistas mayoritarios, y con dos opciones para los minoritarios: seguir en la compañía fuera del MAB o salir vendiendo las acciones a un precio de 0,57 euros por acción, lo que supone valorar la empresa en menos de 20 millones.
Castillejo alega por su parte que el precio que se ofrece por acción es inferior al valor real de la compañía, de en torno a 3 euros por acción según distintos informes, poniendo como ejemplo el de la consultora Duff & Phelps, que valoró la compañía en 79 millones de euros el 12 de abril de 2016, dos meses antes de que el propio Castillejo fuera expulsado. Así, reclama el freno a una operación impulsada "a base de documentación fraudulenta" aunque todavía no ha tenido respuestas, ni de la CNMV ni del MAB.
