El traslado de una parte de la costosa factura de las primas renovables a los Presupuestos Generales del Estado, propuesto en el tiempo de descuento por el grupo parlamentario del PP en el Congreso en el trámite del proyecto de ley de Sostenibilidad Energética, amenaza con abrir un nuevo desencuentro entre el ministro de Industria, José Manuel Soria, y su homólogo de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el intento del Gobierno por poner orden al carajal del déficit de tarifa eléctrico.
Los parlamentarios del PP, con el aval de la Secretaría de Estado de Energía, han propuesto que los Presupuestos costeen el 38,3% de las primas a las energías renovables de este ejercicio y los venideros para tratar de “aliviar” los costes que actualmente soporta la tarifa eléctrica. Con la previsión de primas de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) para este año (7.220 millones de euros, aunque es muy probable que esa cifra se supere), equivale a una cifra nada despreciable en un momento de emergencia para las cuentas públicas: al menos 2.765 millones que deberían cargarse cada año en los PGE del siguiente ejercicio, según el texto.
La propuesta permitiría embridar el déficit tarifario, que sólo hasta agosto superaba ya los 3.600 millones y este año no debería superar los 1.500 millones. Y supone que, en la práctica, la totalidad de la recaudación que se logre con el impuestazo al sector (que irá a parar a la caja de Hacienda) se destine a financiar una parte de la factura de las renovables. El Gobierno ha cifrado en unos 2.700 millones los ingresos que obtendrá con los nuevos impuestos, cuya entrada en vigor está prevista para el próximo 1 de enero y que están contenidos en el citado proyecto de ley.
“Se trata de cumplir la ley”, recuerda un diputado popular, que añade que “todos tenemos que contribuir a resolver este problema heredado”, que se incrementó exponencialmente a partir del año 2005, como consecuencia del boom de las renovables.
Montoro ya ha rechazado en el pasado que los Presupuestos soporten los costes de los sistemas extrapeninsulares
En el entorno del Ministerio de Industria se interpreta que la posición del grupo popular en el Congreso, donde tiene mayoría absoluta, es la misma que la del Gobierno; que la enmienda, cocinada tras cuatro aplazamientos, saldrá adelante; y que los PGE se harán cargo de esa partida en el futuro, a pesar de que las cuentas para 2013 (actualmente en pleno trámite parlamentario) no recogen todavía ninguna partida para ese fin. Hacienda, por su parte, no hace comentarios sobre cómo se va a hacer frente a ese generoso desembolso: 2.700 millones de euros equivalen a un 0,3% del PIB.
El departamento de Cristóbal Montoro, que este verano protagonizó un enfrentamiento público con Soria durante la gestación de la denominada reforma energética (Industria quería recortar las primas a las renovables con efecto retroactivo, por considerar que el Tribunal Supremo lo avalaba), se ha negado en redondo, para disgusto de Soria, a que los Presupuestos costeen otra partida que, en teoría, debían soportar y que tampoco está directamente relacionada con el coste del suministro eléctrico: los sobrecostes de los sistemas extrapeninsulares, cuyo importe ronda los 2.000 millones anuales.
Los parlamentarios populares han atendido una vieja reivindicación de las eléctricas tradicionales, que entienden que las primas (que actualmente se sufragan con cargo a la tarifa eléctrica) benefician al conjunto de la sociedad y, por ello, deben ser soportadas por las cuentas públicas.
Una opinión que no comparten las empresas del sector renovable, que creen que costear las primas a través de la tarifa es más justo, porque se cumple el principio de que quien más electricidad consume, más paga. La patronal APPA recordó este viernes que la aportación anual de Hacienda “deberá pasar por el trance anual, altamente politizado, de la Ley de Presupuestos”.
Las enmiendas presentadas por los populares incluyen otras novedades relevantes, como la de gravar la energía importada, ante el temor de que la electricidad procedente de, en especial, Portugal (cuyo mercado está integrado con el español), Francia y Marruecos cuente con una ventaja competitiva.
Además, proponen extender la prohibición de cobrar prima por la producción que las centrales termosolares realicen con otros combustibles no renovables, además del gas.
