Sin un nombre o nombres a los que dirigirse, y pese a la “normalidad” del trámite a la que aluden en Adif, pero también en Renfe o en Fomento, el juez Luis Aláez imputó ayer a el o a los responsables de Seguridad del desgraciado tramo entre Ourense y Santiago en el que descarriló un tren el pasado 24 de julio, dejando nada menos que 79 muertos, una cifra que no ha provocado ninguna dimisión; con su auto, por primera vez, el magistrado apuntó al Ministerio de Fomento y a sus empresas dependientes, descargando parte de la responsabilidad al infeliz maquinista, Francisco José Garzón Amo.
A Garzón Amo, culpable virtual desde que afloraron las primeras pesquisas –exceso de velocidad, distracción-, se le reconoció sin decirlo la posibilidad del fallo humano, poniéndose por un momento los focos en las cúpulas de empresas públicos: aunque los motivos del descarrilamiento fatal “se encuentran obviamente conectados con la conducción inadecuada por exceso de velocidad” de Garzón Amo, “un examen más detenido de las circunstancias conocidas en que se produce el siniestro permite inferir también su conexión con la omisión de medidas de seguridad preventivas de naturaleza vial y , en definitiva, con una conducta imprudente de las personas responsables de garantizar una circulación segura en el tramo de la vía donde se produjo la catástrofe”.
El escrito judicial, el primero de un proceso que se antoja largo, supone, también sin decirlo, un rapapolvo a la ministra Ana Pastor y a los presidentes de Renfe y Adif, Julio Gómez-Pomar y Gonzalo Ferre; siguen sin ver los tres, y también sus subordinados, ni un atisbo de responsabilidad política (ni mucho menos técnica) en un tren, el Alvia S-730, de alta velocidad que dejó de serlo el 25 de julio a pesar de rozar velocidades dignas de.
Habla por sí solo el auto: “Los sistemas de seguridad eran insuficientes para paliar las consecuencias de un posible error del maquinista”, la curva de A Grandeira, a su vez, presenta "características sumamente comprometidas para la circulación de trenes", y además "se debían haber adoptado otros procedimientos que salvasen o evitasen el resultado de aquella predecible equivocación y no ha sido así".
