Con cuentagotas y tras una guerra de guerrillas desde las petroleras hacia la cúpula de la CNMC, con fuego cruzado fratricida entre los despachos de los propios consejeros del regulador, comienzan a conocerse algunos de los detalles de los acuerdos de precios y pactos de no agresión que sellaban las petroleras para eliminar cualquier atisbo de competencia en algunas de sus zonas de su influencia.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha podido “acreditar infracciones del artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, así como del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la UE” cometidos por cinco grandes petroleras.
A todas ellas, la CNMC les ha impuesto multas por un monto conjunto de 32,4 millones de euros. La sanción más gravosa ha recaído en Repsol, que tendrá que pagar una multa de 20 millones; Cepsa, la segunda petrolera de España controlada ahora por el fondo IPIC de Abu Dabi, 10 millones; Disa, 1,3 millones; Galp, 800.000 euros; y Meroil, 300.000 euros.
Según la primera información facilitada por la CNMC sobre los pactos secretos que firmaban entre ellas, las investigaciones han podido confirmar la existencia de acuerdos ilegales entre las dos grandes del sector.
Pese a ser competidores, las pesquisas han encontrado “un acuerdo entre Cepsa y Repsol para la coordinación en la estaciones de servicio de Brea de Aragón e Illueca (provincia de Zaragoza) en julio de 2013; y un pacto de no agresión entre Repsol y Cepsa en julio-agosto de 2011 en relación con las acciones de injerencia de cada una de ellas en las estaciones abanderadas por la otra”.
Repsol y Cepsa compartían "información estratégica" entre 2011 y 2013 sobre las estaciones que una gestionaba y la otra suministraba en exclusiva
También han podido constatar los servicios técnicos de Competencia “varios intercambios de información estratégica entre Cepsa y Repsol durante 2011, 2012 y 2013 en relación a aquellas estaciones de servicio que son gestionadas por una de ellas y se encuentran abanderadas y suministradas en exclusiva por la otra operadora”.
Todas estas prácticas son constitutivos de infracciones graves con las normas de competencia y han servido de base para la imposición de las dos multas más altas a los dos grupos que controlan la parte mollar del negocio de la distribución de hidrocarburos en España.
También ha encontrado la CNMC “un pacto de no agresión en precios entre Cepsa y Disa entre julio y septiembre de 2011 y acuerdo entre ambas en relación a los precios a aplicar en Ceuta en julio de 2013”.
Disa, la petrolera controlada por la familia Carceller, también realizó “diversos intercambios de información con Meroil en 2012 en relación a los precios aplicados en las estaciones de servicio del entorno de Sant Joan Despí (Barcelona) y en 2013 en relación a sus márgenes operativos”.
Por su parte, la portuguesa Galp y Meroil intercambiaron información, al menos, en lo “relativo a un contrato de suministro y abanderamiento en mayo de 2013”.
Las dos grandes han recusado, sin éxito, al presidente de la CNMC y a dos consejeras, mientras otros dos consejeros votaron en contra de las multas
Todas estas “conductas infractoras”, como las define la CNMC, se han venido investigando desde que el 29 de julio de 2013 su predecesora, la CNC, ahora integrada en el superregulador, incoara el expediente.
Este expediente posteriormente se desglosó en dos. El primero de ellos, S/0474/13, ha sido el que ha concluido con las multas anunciadas.
Queda aún pendiente de resolución el segundo, S/0484/13, que investiga “la coordinación en materia de precios entre cada uno de los operadores de productos petrolíferos y los empresarios independientes que operan en sus respectivas redes de distribución de combustible de automoción”, afirma la CNMC.
Tanto Repsol como Cepsa se han mostrado disconformes con las duras multas y acudirán a los tribunales, por la vía contencioso-administrativa.
La resolución de la CNMC fue aprobada con el voto favorable de tres de los cinco consejeros de la Sala de Competencia. Los dos consejeros díscolos (Fernando Torremocha y Benigno Valdés) han formulado votos particulares en contra de estas multas, tal y como vienen haciendo desde hace casi un año en la mayoría de los expedientes que acaban en sanción.
Además de la disensión interna existente en la CNMC, las dos grandes petroleras han venido librando una guerra con el presidente del regulador, José María Marín Quemada, y sus dos consejeras (Idoia Zenarrutzabeitia y María Ortiz). Han intentado, sin éxito, recusarles a los tres por supuesta enemistad manifiesta y falta de objetividad en su trabajo al frente del regulador.
