Hace unas semanas, el pasado 20 de abril, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, visitó el Centro de Tecnología de Repsol en Móstoles (Madrid) junto al presidente de la petrolera, Antonio Brufau, en el marco de una gira europea tras su reválida electoral. En el encuentro, el mandatario ecuatoriano, reelegido por aplastante mayoría para su tercer mandato en febrero pasado, repartió elogios a la compañía española y dejó patente el buen momento que atraviesa una relación que en el pasado ha vivido altibajos.
Prueba de ello es que la compañía española ha acordado con las autoridades ecuatorianas enterrar un contencioso que Repsol inició en junio de 2008 ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), organismo dependiente del Banco Mundial.
El litigio se desencadenó después de que el Gobierno de Correa, presidente desde 2006, aprobara un endurecimiento del régimen fiscal de los denominados “excedentes de precio del petróleo” (diferencia entre el valor de la participación de cada contratista en los yacimientos, en función con la cotización del crudo) que fue incrementando exponencialmente a medida que la cotización internacional del crudo se disparaba hasta alcanzar su récord histórico en julio de 2008.
La web del mismo tribunal que deberá dirimir una compensación justa para Repsol por la expropiación de la argentina YPF (salvo que, como ha ocurrido con Ecuador, haya acuerdo con el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner), acaba de publicar la resolución procesal que deja constancia de la terminación del procedimiento de arbitraje tras un acuerdo amistoso entre las partes. El pacto data de enero de 2011 y fue comunicado al Ciadi un mes después, aunque el organismo no lo ha hecho público hasta ahora.
En la negociación se implicaron "las más altas autoridades" de Ecuador "e incluso, dignatarios de Reino de España", dice el Ciadi
El tribunal da cuenta de las negociaciones mantenidas por Repsol y Ecuador durante el año 2009, con la intervención de “las más altas autoridades de la República del Ecuador e, incluso, dignatarios de Reino de España” que se desplazaron a ese país para intentar resolver el contencioso.
Repsol planteó su solicitud de arbitraje contra Ecuador el 9 de junio de 2008, en vísperas de que Correa presentara una nueva Constitución que garantizaba el control del Estado ecuatoriano sobre los recursos de hidrocarburos del país. El año pasado, Ecuador aportó en torno al 13% de la producción total de Repsol y concentraba a alrededor del 4% de la plantilla total de la compañía.
Sólo dos meses después de presentar su demanda de arbitraje ante el Ciadi, Repsol ya expresó, por boca de su actual número dos, Nemesio Fernández-Cuesta, su disposición a desistir de la misma. Sin embargo, el proceso siguió adelante y en febrero del año siguiente Repsol y sus socios “manifestaron su preocupación” al tribunal tras unas declaraciones de Correa que, pese a reconocer que estaba “renegociando” el contrato de Repsol, “amenazó a las demandantes con expulsarlas del país”.
Pese a las amenazas de embargo del Gobierno de Ecuador y, tras varios desencuentros (Repsol se resistía a retirar su demanda de arbitraje si no obtenía garantías de que Correa no le embargaría), la sangre no llegó finalmente al río.
Así, en marzo de 2009, Repsol aceptó la modificación de los contratos y se amplió el periodo de explotación del denominado Bloque 16 (el principal yacimiento que explota en el país) hasta el 31 de diciembre de 2018, con la condición de suscribir un nuevo contrato de prestación de servicios que se firmó en noviembre de 2010.
Ya en enero de 2011, se firmó la modificación del contrato relativo al otro yacimiento que explota Repsol en Ecuador, Tivacuno, y las partes pusieron fin a sus diferencias.
Repsol presentó su demanda junto a sus socios de entonces en el denominado Bloque 16, del que es operador, con una participación del 35%: la estadounidense Murphy (que vendió su negocio en Ecuador a Repsol en marzo de 2009), la taiwanesa CPC y la china Sinochem.
