Cuando Panamá abrió el pasado 8 de julio de 2009 los sobres que otorgaban el conocido como “contrato grande”, el que adjudicaría el diseño y construcción de las esclusas del Canal de Panamá, abrió también un conflicto internacional con la empresa que ganó el concurso, el Consorcio Grupos Unidos por el Canal liderado por la española Sacyr. Los 3.118,8 millones de dólares por los que Sacyr ofrecía construir la infraestructura fueron criticados con el argumento de que había sido una puja “temerariamente baja”. Hoy la constructora exige 1.200 millones como compensación por “circunstancias sobrevenidas” pero los responsables de ese contrato consultados por Vozpópuli reconocen que la constructora sólo aspira a cobrar la mitad de lo que reclama: 665 millones y que se ha comenzado ya a desarrollar una estrategia dirigida a ese objetivo en la que cuenta con el apoyo de Moncloa, según fuentes de la compañía pese a que el Ejecutivo asegura oficialmente que no se involucrará en el asunto porque es “una disputa entre empresas privadas”.
“¿Qué sabrá el Gobierno de cuánta desviación se produce en una infraestructura como ésta?”, protestan quienes lanzaron la oferta ante las críticas sobre su cuantía
De momento, el presidente de Sacyr, Manuel Manrique, se ha desplazado ya a Panamá para llevar la interlocución personalmente. Los responsables del contrato consultados defienden la validez de aquellos términos económicos y aseguran que aunque la desviación que Sacyr exige oficialmente (un 38% más de lo que pactó), la compañía podría aceptar el cobro de un recargo menor, de un 20%. Esa cuantía --que ya se tanteó ante la autoridad del Canal-- podría ser suficiente para garantizar la continuidad de las obras. Esa "desviación menor" sobre el presupuesto inicialmente planteado cubriría, según los responsables de la infraestructura, tres factores que han encarecido la obra:
- El cambio de materiales impuesto por las autoridades del Canal: El estudio geotécnico presentado inicialmente por Sacyr se realizó con el análisis de los áridos de calizo obtenidos en una cantera cercana al Canal de Panamá. Aquel análisis original implicaba el uso para la construcción de las esclusas de lo que los responsables de aquella oferta describen como “hormigón hiperdenso” para evitar su permeabilidad. La propuesta inicialmente de la ingeniería española fue alterada en el año 2010 por las autoridades panameñas que exigieron el uso de humo de sílice para completar la infraestructura. Aquel cambio de criterio, explican fuentes del proceso, supuso un aumento imprevisto de costes.
- El precio internacional del acero: El acero casi duplicó su precio desde el año 2009 en que se produjo la adjudicación hasta el año 2011 en plena ejecución de la obra. Aunque posteriormente ha registrado una considerable caída de precio, el contrato de adjudicación contemplaba que Sacyr recibiría una compensación en caso de que tuviera que soportar un sobrecoste en el precio de aquella materia prima.
- Modificaciones en la cota de cimentación: Después de la adjudicación, los responsables del Canal modificaron también las llamadas cotas de cimentación (la profundidad en la que comienza la obra y los materiales que hay que emplear a cada nivel de hondura).
Esos tres factores arrojan un sobrecoste de unos 665 millones de dólares que son los que Sacyr reclamaba a las autoridades del Canal desde hace tres años y que serían suficientes para garantizar la continuidad de las obras, afirman fuentes de la constructora española.
La estrategia pasa por no cuestionar el presupuesto original
Fuentes de la incipiente negociación aseguran que la estrategia a seguir pasa por no cuestionar los términos del presupuesto planteado en 2009 para no invalidar las reclamaciones originales. Se pretende, pues, combatir el argumento de que Sacyr lanzó una puja “temeraria” o intencionadamente baja con la que expulsar a la competencia y con la que reclamar compensaciones posteriores después de obtenida la adjudicación.
Según esas fuentes, la mejor ingeniería española permitió lanzar una oferta más baja con un presupuesto que sufre desviaciones “como todos los que se realizan en la obra civil”, afirman. “Habrá desviaciones también en el AVE a la Meca o en el Hospital de Qatar”, concluyen.
Sin embargo, el Ejecutivo marca cierta distancia con ese argumento de que la desviación sobre el presupuesto es excesiva”, afirman fuentes del Gobierno.
- La reclamación de 1.200 millones de dólares sobre una obra de 3.118 y otros 120 complementarios supone una desviación del 42% sobre lo originalmente previsto
- Incluso si se acepta un sobrecoste de 665 millones, eso todavía supone una desviación del 20% sobre el presupuesto original.
“¿Qué sabrá el Gobierno de cuánta desviación se produce en una infraestructura como ésta?”, concluyen quienes ganaron la puja y defienden todavía su validez.
