Los intereses de Banco Santander están limitando la información judicial del caso Banco Popular. Con el informe de Deloitte todavía por publicar, la entidad presidida por Ana Botín ha conseguido que la Audiencia Nacional filtre las actas del consejo del Popular antes de dar traslado a las partes, según fuentes judiciales consultadas por Vozpópuli.
Esta decisión ha conseguido que se pongan de acuerdo decenas de querellantes y los imputados. Los primeros por tener menos información a su alcance. Y los segundos por vulnerar su derecho a defensa, al no disponer de unas actas que sí pasarán por manos de una de las defensas -Popular, que también está imputada-. Precisamente ha sido Popular quien ha pedido este filtro al juez.
Lo hizo en un escrito del 9 de enero al que ha tenido acceso este medio: "El carácter reservado de la información contenida en las actas del consejo de administración de Banco Popular es, a nuestro juicio, indudable. Por ese motivo, en cumplimiento de la normativa vigente, solicitamos respetuosamente que por el juzgado se asegure su confidencialidad. Para ello interesamos que se proceda a realizar un procedimiento de expurgo de estas actas".
Decisión inédita
Se trata de una decisión poco frecuente en la decena de casos financieros que se han abierto en los juzgados a raíz de la crisis. Abogados consultadas señalan que no lo habían visto en los últimos años salvo en el caso de las actas del Banco de España dentro del caso Bankia.
El juez Fernando Andreu, instructor del caso Banco Popular, admitió la prueba el 11 de enero, designando para tal labor a los dos peritos del Banco de España, que se consideran próximos a la cúpula. Desde entonces se han sucedido los recursos en contra.
En su escrito, la filial de Santander argumenta que su petición está avalada por la Ley 3/1991, de Competencia Desleal, por el deber de reserva "de informaciones o datos que puedan calificarse como secretos empresariales por su valor competitivo en el mercado". Desde el banco creen que también creen que existe el riesgo de que el caso Banco Popular se convierta en una causa general. El caso actual gira en torno a la ampliación de capital liderada por Ángel Ron y una presunta manipulación del mercado de Emilio Saracho.
El resto de partes argumenta justamente lo contrario: limitar la información puede vulnerar su derecho a defensa. Un dato que los peritos y Santander consideren sensible comercialmente, podría ser importante para un imputado. Y no disponer del mismo le generaría indefensión, algo que podría anular toda la instrucción más adelante. Por ello, los jueces, incluido Andreu, suelen ser muy garantistas con los imputados.
Los jueces, incluido Andreu, rara vez niegan pruebas a los imputados para proteger su derecho a defensa
Mientras se discute el filtro de las actas, el caso Banco Popular cumple cuatro meses con cada vez más perjudicados personados. Recientemente lo han hecho los grandes dueños de la deuda, como Pimco, Anchorage y otros fondos.
Juez y fiscal deben también pronunciarse sobre la petición de Fonfría Abogados de que se investiguen las retiradas de depósitos de 64 instituciones y grandes empresas en la semana previa a la resolución, por valor de 4.000 millones.
