Es una de las derivadas de la etiqueta energética que a partir de junio deberán expedir los propietarios de los pisos que se vendan o alquilen en España, según ha anunciado el Gobierno. La medida, una imposición de Bruselas que el Ejecutivo ha aceptado a regañadientes tras muchos aplazamientos, va a tener repercusiones para la propietaria de una de las mayores carteras de vivienda de España, la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb).
El denominado banco malo, del que el Estado (a través del FROB) tiene un 45% (el resto corresponde a inversores privados) está analizando el impacto de la futura legislación, pero tiene claro que cumplirá “escrupulosamente” la normativa.
Ese respeto a la legalidad vigente va a obligar a la entidad que preside Belén Romana a realizar un importante desembolso, de unos cuantos millones de euros, para etiquetar sus pisos con el futuro distintivo, que irá de la “A” a la “G”, en función de la eficiencia energética del inmueble y que, según las estimaciones que maneja el Gobierno, costará entre 90 y 250 euros.
Cuánto le costará a la Sareb etiquetar sus viviendas con el nuevo certificado es todavía una incógnita porque el mercado, aún inicipiente, es el que debe fijar las futuras tarifas. Hay estimaciones de todo tipo (las del sector privado prevén costes muy superiores a los que maneja la Administración) y hay que tener en cuenta tanto la heterogeneidad del parque de viviendas de la Sareb (a mayor tamaño de las viviendas, mayor coste), como el mayor poder de negociación del banco malo.
Previsiblemente, lanzará concursos públicos, lo que abre negocio para uno de los pocos sectores emergentes
Lo previsible es que la certificación energética de sus viviendas se adjudique mediante uno o varios concursos públicos, lo que abre un interesante nicho de negocio en un área en la que el sector inmobiliario ha depositado muchas esperanzas tras el estallido de la burbuja del ladrillo.
Por otro lado, es posible que una parte (previsiblemente, pequeña) de la cartera de viviendas del banco malo ya cuente con la etiqueta, que en teoría ya era obligatoria en España desde 2007, pero sólo para algunas comunidades autónomas.
Según datos provisionales, la cartera de casas terminadas de la Sareb asciende a 76.075 viviendas. La mayoría son usadas (procedentes de ejecuciones hipotecarias) y las nuevas se ubican, sobre todo, en zonas costeras. El banco malo tiene además otras 6.200 viviendas en régimen de alquiler, que no necesitarían la etiqueta mientras permanezcan sus actuales inquilinos.
De sus más de 106.000 activos inmobiliarios, casi 14.000 son suelos, de los que una parte se venderá y el resto se desarrollará en los próximos años. Las cifras son provisionales y pueden sufrir un ajuste (al alza o a la baja) en función de lo que determine ell proceso de auditoría (due diligence) de sus activos que actualmente elabora un consorcio integrado por 13 compañías.
El plan de negocio de la Sareb contempla inversiones de 341 millones de euros en gestión y desarrollo de viviendas, de 287 millones en mantenimiento y de 133 millones en mantenimiento.
